Luego de más de tres horas de reunión con el gobernador Alejandro García Padilla, el liderato sindical de las corporaciones públicas del país anunció que no se llegó a ningún acuerdo en torno a las disposiciones de la Ley de Sostenibilidad Fiscal (Ley 66).

‘No ha habido acuerdos… Esto es una ley (Ley 66) que te encajona, en un momento determinado, a llegar a unos acuerdos y si, al final del camino no llegas, la ley te aplica y te los elimina todos [los beneficios adquiridos], se aplican sus disposiciones. Qué apertura para la negociación hay bajo la ley? Ninguna!’, señaló el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA) y portavoz de grupo de sindicalistas,Pedro Irene Maymí.

Irene Maymí se refería a las disposiciones de la ley que establecen la reducción unilateral, por parte del gobierno, de beneficios y condiciones contenidos en los convenios colectivos vigentes negociados entre el gobierno y los sindicatos.

‘De aquí a que se pueda trabajar –y las uniones trabajaremos – con la derogación de la ley, hay que someter enmiendas porque ciertamente no hay ese espacio, a nuestro mejor entender, para la negociación’, añadió el líder sindical.

Sobre las enmiendas que podrían someterse a la ley, Irene Maymí señaló que los trabajadores están concentrados en la derogación del Artículo 17-Control Fiscal en las Corporaciones, el cual, según él, abre la puerta a despidos y contratación.

‘Ciertamente es un artículo que abre la puerta para despidos constructivos, abre la puerta para que el patrono, de manera soslayada, subcontrate las labores que ya realizamos los trabajadores de las distintas corporaciones públicas’, advirtió Irene Maymí.

Por su parte, García Padilla calificó la reunión con el liderato sindical de las corporaciones públicas como ‘muy positiva’ y reiteró la disposición de su gobierno al diálogo.

‘Se aclararon dudas sobre la Ley 66, que es una ley de vigencia temporera, que procura que no haya despidos… Esa ley propone que en lugar de despidos haya, un periodo de tiempo haya unos ahorros provenientes, no de la eliminación, sino de la reducción en algunos beneficios por un periodo de tiempo’, explicó el Primer Ejecutivo a su salida de la reunión.

García Padilla recalcó además que la propia ley permite la negociación entre las uniones y los jefes de las agencias, sobre todos los puntos que menciona la ley, algo que supuestamente ‘algunos directores de unión no tenían claro’.

Tras la reunión, el Mandatario instó a los líderes sindicales a reunirse con los jefes de las distintas corporaciones y agencias de gobierno a negociar las reducciones en beneficios y condiciones.

Pero, aunque el liderato sindical se ha expresado dispuesto a negociar, la negociación ni siquiera ha comenzado debido, según ellos, a la negativa de los jefes de agencia a proveerles la información que la política pública de la administración dice debe ofrecerse, como las nóminas de empleados de confianza, la proyección de impacto económico de la eliminación de la cláusula de subcontratación, el impacto económico del traslado de personal y la nómina de contratos, entre otras.

García Padilla respondió a ese reclamo diciendo que ya algunos jefes de agencia habían enviado propuestas de reducción de beneficios a algunas uniones y que éstos aún no habían recibido respuesta. Por tal razón, el ejecutivo revirtió el pedido de acceso a la información. No quedó claro si instruiría a los miembros de su gabinete a hacer disponible la información que solicitan los sindicalistas.

El Gobernador señaló que la fecha límite para alcanzar estos acuerdos es el 31 de agosto.