La rapidez con la que el Tribunal Supremo acogió la solicitud del senador Thomas Rivera Schatz para que el Alto Foro considerara de manera inmediata y directa la demanda que sometió en contra de la recien firmada ley de colegiación de abogados hizo que se multiplicaran las insinuaciones y ‘puyitas’ entre los jueces.

Los hechos, consignados en la disidencia de la nueva jueza Maite Oronoz, son los siguientes: la solicitud de Rivera Schatz para que el Supremo aplicara el mecanismo procesal de certificación y se llevara el caso para su actuación directa llegó a secretaría del foro el martes a las 10:35 a. m., y el miércoles a las 10:10 a. m. se circuló entre los jueces un memorando que dictaba la decisión de conceder la solicitud, y que adelantaba que dicha decisión sería emitida ese mismo día a las 4:00 p. m. La solicitud que se pretendía conceder sólo fue circulada a los tres jueces que componen la Sala de Verano actualmente activa, pero no se circuló a los otros seis jueces a quienes, sin embargo, se les circuló el memorando que comunicaba la intención de conceder la solicitud.

En el memorando no sólo se anunciaba la intención de acoger la solicitud de certificación sino que también anunciaba la intención de conceder el interdicto solicitado por Rivera Schatz para, de inmediato, dejar sin efecto la ley que comenzaría a tener efectos en el primer trimestre de 2015.

Ante esto, la jueza, y exsecretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez planteó que la premura con la que actuó la mayoría de jueces, nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, era por motivos político partidistas.

‘Qué razones justifican la premura? La respuesta la ha venido hilvanando una mayoría de este Tribunal en su inusitado proceder al atender recursos de certificación intrajurisdiccional, particularmente en instancias en que permean asuntos de índole político partidista’, dijo la jueza a la vez que recordó que, en 2010, ante otro recurso que tenía que ver con la colegiación, la mayoría había decidido no intervenir y dejó que el caso siguiera en Primera Instancia. ‘En aquella ocasión, sin embargo, era otra la parte demandante y otra la administración de turno’, remató en referencia a la Administración Fortuño.

Por su parte, el juez Rafael Martínez, como portavoz de todos los demás jueces de mayoría, excepto el juez Luis Estrella, le devolvió las referencias históricas a Rodríguez.

‘Frente a lo aquí planteado no hay que quejarse de cuántas horas se dieron para emitir la Resolución de hoy (ayer). De hecho, se concedió el doble de las tres horas que se le dieron a los Jueces Asociados señores (Francisco) Rebollo López, (Baltasar) Corrada del Río, y (Efraín) Rivera Pérez… para expresar su disidencia a la decisión que adjudicó las elecciones de 2004’, dijo.

‘Al leer la disidencia el lector podría pensar que lo que se pretende es que se lea El Quijote en seis horas. En realidad lo que hay que leer es un recurso de certificación de 28 páginas con un apéndice de 51 folios, más una oposición de cinco páginas. Lo demás es cuestión de conocer el derecho y aplicarlo. En otras palabras, es cuestión de dedicarse a trabajar, porque para eso el Pueblo nos paga’, añadió en un pasaje que probablemente no se le escape a Rodríguez, quien en su vida profesional fue también maestra y frecuentemente usa referencias literarias en sus escritos judiciales.

Resolución del Tribunal Supremo_7997

Voto de conformidad del juez Martínez Torres_7998

Voto disidente de la jueza Oronoz_7999

Voto disidente de la jueza Rodríguez_8000