El expresidente de la Cámara de Representantes, Jose Aponte Hernández, denunció una intromisión judicial ‘indebida y cargada’ a favor de la actual administración del Gobernador Alejandro García Padilla y en contra de los estudiantes de educación especial de Puerto Rico.

El líder estadista acusó a la juez del Tribunal Superior de San Juan, Aileen Navas Auger, de buscar una silla en el Tribunal Apelativo en vez de hacer las cosas ‘conforme a la ley’ y exigió que esta se inhiba de ver toda acción judicial en el pleito.

Aponte Hernández también pidió al Gobernador no nomine a la jueza Navas Auger al Tribunal Apelativo, según ella ha solicitado.

‘Está más que evidenciado la clara tendencia de esta jueza a proteger la administración y no a la comunidad de educación especial. Entendemos que la jueza debió inhibirse en este caso. Las dos decisiones que ha tomado han sido muy controversiales y en contra de estos estudiantes y sus padres que solo reclaman sus derechos’, dijo el representante por acumulación en una conferencia de prensa realizada este jueves.

Según Aponte Hernández, la primera ocasión en donde se le vio la ‘costura a la jueza’ fue en su decisión del pasado 31 de enero en donde estableció que los padres de los alumnos de educación especial que quieran reclamar daños y perjuicios por falta de servicios ante el Estado no podrán hacerlo como un pleito de clase, será de manera individual.

‘Es muy curioso que esta jueza revirtiera una orden emitida por el Tribunal Apelativo en el 2005, la cual creo categorías de impedimentos para acción de daños y perjuicios. Esta desacertada decisión, no solo evita, para los efectos prácticos, que niños registrados como estudiantes de educación especial puedan reclamar sus derechos, sino que le impone más trabas. Ahora tendrán que hacerlo individualmente, algo que es extremadamente costoso y va en contra de la filosofía judicial que sostiene la economía en la tramitación de los pleitos. Es un contra sentido, porque en vez de resolverse la controversia en un solo pleito, cada persona tendría que llevar un caso independiente, algo que redundara en el engrosamiento de los calendarios judiciales con cientos y cientos de casos que tiene en común la misma controversia’, continuó diciendo.

Aponte Hernández destacó que con esta nueva sentencia, el gobierno del Partido Popular Democrático lo que busca es ahorrarse millones de dólares, debido a que limita el número de reclamaciones de un universo de aproximadamente 144,000 personas en el registro del programa de educación especial, a sólo entre 65 y 67 mil.

‘La decisión también cambio las reglas de juego porque ahora, una persona tiene que probar un nexo causal-presentar evidencia de que el daño sufrido por el estudiante impedido es producto de negligencia por parte del Estado. Esto es otro intento de proteger los intereses de alguien, y no el derecho de otros’.

Otro controversial fallo de la juez Navas Auger en contra de los jóvenes con impedimentos sucedió esta misma semana cuando acogió una resolución del nuevo comisionado para el pleito de clase, Carlos Rivera Martínez, pidiendo la desestimación de un recurso incoado por los padres quienes impugnaron la reducción presupuestaria de $53.4 millones y el cierre de sobre 80 escuelas, porque estas medidas afectan los servicios que se brindan a los estudiantes de educación especial.

Para concluir, el expresidente cameral exigió al Secretario de Educacion, Rafael Román, que produzca el protocolo utilizado para asignar a los estudiantes al programa de educación especial, ya que según afirmó, ‘tenemos información que se están cambiando los mismos para dejar fuera del registro a decenas de niños’.

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