Tanto el Departamento de Vivienda (DV) como la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV) defendieron el proceso de evaluación rechazando que se prioricen a afiliados del Partido Popular Democrático (PPD) para seleccionar a las familias que ocuparán las unidades del proyecto Metrópolis Apartments, LLC, subsidiadas con fondos federales y estatales.

Fuentes de este diario digital habían denunciado que supuestamente los beneficiarios de los subsidios otorgados para el arrendamiento de los apartamentos eran personas con nexos a la administración García Padilla.

Pero el director de AFV, José Sierra, destacó que el proyecto fue construido originalmente para ser un complejo de apartamentos para la venta, pero tras la caída del mercado inmobiliario, los desarrolladores lograron convertirlo en un complejo para arrendar a beneficiarios del Programa de Sección 8 y del Programa de Subsidio de Arrendamiento y de Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos (Ley 173), antes de obtener el Permiso de Uso.

De esta manera, Sierra argumenta que las personas que ocupen estas unidades tienen que cumplir con los requisitos de ambos Programas.En el caso del Programa de Sección 8, entre los requisitos estaba que la familia cumpliera con los límites de ingreso establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).

Mientras que para la obtención de los vales bajo la Ley 173 requiere que la persona tenga 60 años o más, carezca de una vivienda propia, y que no sobrepase los límites de ingreso establecidos en cada área.

A preguntas de este diario digital, tanto Sierra como el secretario del DV, Alberto Lastra, negaron que se estén otorgando los beneficios a personas afiliadas al PPD.

En ese sentido, Sierra planteó que el Programa de Sección 8 tiene unas listas de espera bastante rigurosas, y que personas que incumplan enfrentarían problemas legales.

‘Es importante decir que son listas auditadas constantemente por el gobierno federal’, puntualizó Lastra.

Ambos funcionarios explicaron que para estos apartamentos se le otorgó al desarrollador los créditos contributivos del programa Low Income Housing Tax Credit, que se administra a través de AFV.

De esta manera, cierta cantidad de unidades serán arrendadas a beneficiarios de ambos Programas, cuyos vales son pagados mensualmente por el Gobierno. Para otro por ciento de unidades, el proceso de ocupación queda en manos de los requisitos que imponga el desarrollador, por lo que ni DV ni AFV tienen injerencia.

De hecho, ante la indisposición de algunos sectores para que estas unidades sean ocupadas por personas con subsidios tomando en cuenta la localización y el tipo de proyecto, el funcionario sostuvo que la decisión fue tomada para evitar tener un ‘elefante blanco ahí, vacío y perdido’ en Hato Rey.

Según ha trascendido, cuando se construyeron estos apartamentos se pensaban vender en alrededor de $285 mil por una habitación y hasta $1 millón por cuatro habitaciones.

Al hacer el cambio a un proyecto de interés social, las unidades serían ahoraarrendadas entre $100 a $400, dependiendo del tipo de Programa.De las 185 unidades, ya se han arrendado 133. De estas, 73 fueron a beneficiarios de alguno de los dos programas antes mencionados.