Las diferencias entre el secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, y el director de Asuntos Federales, Ramón López de Azúa, a quien le retiró su confianza esta semana, están centradas primordialmente en la falta de transparencia de la agencia con respecto a la publicación de datos sobre su propio desempeño, que según fuentes internas de este diario, pudiera rallar incluso en incumplimiento con la reglamentación federal.

La apariencia que ha querido proyectar Román de que los asuntos en ese Departamento están bajo control, dista de la percepción que se tiene dentro de la agencia, donde haydesmotivación con la dejadez e ineptitud del sistema. La metáfora que utilizó la fuente para describir la situación interna que se vive en el departamento es la de un barco que se hunde, mientras el capitán siguegritando que todo está bien. ‘El problema en el Departamento es uno de ejecución… Todo es aspiración, pasan meses sin movimiento, y sin una acción concreta’, indicó la persona.

Desde la aprobación de la Ley Ningún Niño Rezagado (No Child Left Behind) hace trece años, se estipuló que las agencias estatales debían publicar anualmente los datos del progreso académico de los estudiantes, las calificaciones profesionales del magisterio, así como el desempeño general de la agencia ‘en un formato comprensible y uniforme’. Para que el Departamento de Educación cumpla con las expectativas de progreso anual, debe ‘reformar todo el distrito, cambiar muchas de las funciones e incorporar evaluaciones de los maestros’, indicó la fuente.

Entre esos requerimientos se encuentra la publicación de datos sobre el progreso de la agencia educativa que esté ampliamente disponible a través de medios públicos, Internet, y la distribución a los medios de comunicación. El propósito es que el Estado pueda demostrar su desempeño anual hasta alcanzar el objetivo de 100% de excelencia en todas las escuelas.

Aunque a preguntas de este diario, Román despachó que los datos de la clasificación de las escuelas estaban publicados en Internet y todos los padres tenían los resultados de sus hijos e hijas en las pruebas puertorriqueñas, la impresión que se tiene es que el Departamento no maneja con suficiente transparencia y claridad esta información.

Las guías federales solicitan incluso que se incluya los resultados por categorías de raza, etnia, género, estatus de discapacidad, estatus migratorio, y estado socio-económico. Se debe divulgar, además, las calificaciones profesionales de los maestros, el porcentaje de maestros enseñando con credenciales provisionales, y el porcentaje de clases que no cuentan con maestros altamente calificados. Esto último ha sido objeto de mucha confusión en el inicio de clases, con versiones contradictorias sobre los nombramientos.

Aunque el DE publicó el perfil escolar por escuela, no ha hecho disponible el perfil escolar para Puerto Rico, que se supone provea un análisis más completo sobre la situación educativa del país. Se informó que el Departamento hizo disponible la data de las escuelas a último minuto, y que no resulta muy accesible. El Informe de calificaciones del Estado se suponía que estuviera disponible desde 2002-2003.

Además, aunque el jueves Educación divulgó un comunicado que aseguraba que se envió un informe a Fortaleza que prueba se contrataron a todos los asistentes del Programa de Educación Especial, la propia Fortaleza negó su divulgación aduciendo que al contener los nombres de los estudiantes no puede hacerse público.

Otros estados como Tennessetienen la información de fácil acceso bajo un enlace en la parte de arriba del portal titulado ‘Quiero saber cómo mi escuela o distrito salió en el programa de evaluación’.

La publicación de la data no solo redunda en una mayor participación multisectorial en los procesos educativos y en una mayor fiscalización del sistema, sino que resulta también importante para alinear los fondos de acuerdo a la necesidad, ya sea para apoyar alguna materia o región específica que haya salido deficiente en la evaluación.

‘Ya sean buenos o malos los resultados esos datos son imprescindibles a la sana administración y cumplimiento de ley federal’, aseguró la fuente.

Román admitió el miércoles que tenía ‘visiones distintas’ con el director de Asuntos Federales, el licenciado Ramón López de Azúa, sobre la forma en que se debían manejar los asuntos en Educación, por lo que le había solicitado la renuncia. El Titular recalcó que contaba con un plan de reestructuración administrativa que ‘no va a ser más de lo mismo’, y cuya implementación no se resolvía ‘en una agenda de un año’.

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