Para la presidenta de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado, Mari Tere González López, aún persisten las interrogantes sobre las razones para la dilación de los nombramientos del personal para el Programa de Educación Especial, cosa que ni el Departamento de Educación ni la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) han aclarado.

La controversia adquirió un nuevo matiz la semana pasada cuando documentos en poder de este diario confirmaron que una semana antes de que el gobernador Alejandro García Padilla presentara el presupuesto para este año fiscal a la Legislatura, ya la exsecretaria asociada de Educación Especial, Doris Zapata Padilla, le había requerido a la Subsecretaria de Administración y a la Secretaria Auxiliar del Área de Recursos Humanos, una serie de nombramientos para ser solicitados a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), entre los que destacaban maestros y asistentes de Servicios Especiales al Estudiante (T-1).

Pese a esto, tanto la portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Estudiantes de Educación Especial, Carmen Warren, como la presidenta de la Alianza de Autismo y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico, Joyce Dávila, señalaron que esta requisición hecha por Zapata Padilla era una proyección del personal que necesitarían para el nuevo curso escolar, pero no representaba la cantidad final porque para ello había que esperar a que se efectuarán las reuniones de Comité de Programación y Ubicación (COMPU), que generalmente ocurren a finales de mayo.

Por lo tanto, Warren y Dávila aseguraron que generalmente estos nombramientos se solicitaban en junio a la OGP.

El cuestionamiento que aún queda sin contestar es cuándo el Departamento de Educación hizo las solicitudes formales de los nombramientos a la OGP, y cuándo finalmente esta agencia los aprobó.

En algunos Centro de Servicios de Educación Especial se le ha culpado a OGP por el retraso, cosa que inicialmente también había hecho González López.

A raíz de las acusaciones de González López, el director de OGP, Carlos Rivas, indicó que antes del inicio del nuevo curso escolar la agencia ‘aprobó 11,905 solicitudes de nombramiento en el Departamento de Educación. De éstas, el 83% fueron contestadas dentro de las primeras 24 horas, y el tiempo promedio de respuesta de la totalidad fue de 2.6 días. El 100% de los puestos solicitados por el Departamento fueron aprobados’.

También estipuló que ‘el número de asistentes de educación especial T-1 transitorios solicitado por el Departamento de Educación y aprobado por la OGP fue equivalente al número de transitorios del año previo’.

Pero a pesar de gestiones de NotiCel, ni el Departamento de Educación ni la OGP había provisto el tracto de las fechas específicas que se hicieron las requisiciones ni la cantidad de puestos solicitados. Lo poco que afirmaron ambas agencias es que las solicitudes se hacían mediante un sistema computarizado.

Las cartas de Zapata Padilla -del 22 y 25 de abril- establecen que desde principios de mayo tanto la subsecretaria de Administración del Departamento de Educación, Lilia Torres Torres, como la secretaria auxiliar del Área de Recursos Humanos, Julia Nazario, tenían conocimiento de dicha petición para que se solicitara la aprobación de OGP de los nombramientos de 1,226 maestros, 55 trabajadores sociales, 105 facilitadores docentes, 3,100 asistentes de Servicios Especiales al Estudiante (T-1), 29 especialistas en Investigaciones Docentes y 28 oficinistas 1.

Sin embargo, no fue hasta el pasado 6 de agosto que OGP aprobó 1,100 de los T-1.

En días pasados, González López, dijo que el 1 de agosto OGP también había aprobado otros 1,000 de los T-1.

En un aparte con este diario al culminar la vista de la Comisión efectuada el martes, donde se evaluaban las Resoluciones del Senado 846 y 842, la legisladora dijo que todavía esperaba una aclaración sobre la diferencia en la cantidad de T-1 solicitado por Zapata Padilla y lo que aprobó OGP.

Precisamente, fue la falta de contratación de todos los T-1, lo que en parte llevó al gobernador Alejandro García Padilla a dar un ultimátum público al secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, para que resolviera la situación a más tardar el pasado viernes.

Y aunque Román, había dicho que completó el proceso de nombramiento, lo ciertos es que hasta el pasado viernes no se habían presentados todos los T-1 a las escuelas.

Aunque todavía no se había logrado acceso al informe que rindió Román al Gobernador certificando dichos nombramientos, La Fortaleza proveyó el viernes un desglose donde establece el nombramiento de 2,271 asistentes –cifra que no cuadra con el dato provisto por el Titular de Educación la semana pasada de que se habían nombrado 2,100 asistentes-, y argumentan que solo 245 se hicieron por el procedimiento de remedio provisional.

No obstante, el martes, el Departamento de Educación aseguró que se habían contratado 2,987 T-1 bajo el procedimiento regular y 2,271 mediante mecanismos irregulares de autorización.

El personal T-1 es uno sumamente sensitivo en el Programa porque son las personas que le suministran alimentos a los estudiantes, le cambian los pañales o les asisten para que puedan usar los servicios sanitarios, auxilian a los alumnos con problemas de movilidad, y los acompañan en la transportación escolar, entre otros.

De otro lado, García Padilla ordenó el jueves una auditoria sobre el uso de los fondos del Programa a una firma de contadores públicos autorizados que no identificó. Sobre este particular, el Secretario sostuvo que gestionaría la misma con inmediatez.

Mientras, Dávila ha reclamado que se mida no solo como se invirtieron los fondos sino su rendimiento.