La continua federalización de delitos criminales en Puerto Rico representa el mayor reto para la Oficina del Defensor Público Federal cuyos limitados recursos son puestos a prueba diariamente.

Hector Guzmán, pasado director de la Oficina, quien se acogió al retiro en agosto para dedicarse a la práctica privada, dijo que ya desde hace tiempo se ha visto un aumento en la federalización de delitos en los que la jurisdicción federal toma control de casos de drogas, ‘carjackings’, y armas.

Guzmán dijo que su ‘pelea mayor’ fue tratar de obtener más recursos para la oficina local.’Lo hemos visto desde hace tiempo. El problema es que Puerto Rico no recibe tantos recursos como otras oficinas. Por ejemplo, nosotros tenemos un mayor número de casos, y casos mucho más complicados que los abogados en la Oficina de Boston, y ellos tienen más recursos’, argumentó Guzmán.

Por su parte, el actual director, Eric AlexanderVos, dijo que el 90% de los acusados en la jurisdicción federal son considerados pobres y no tienen los recursos para contratar abogados. Una gran mayoría son asignados a su oficina, la cual tiene un presupuesto estimado entre $7 millones a $8 millones, y cuenta con unos 17 abogados.

Vos alabó reiteradamente la excelente labor que hacen sus abogados ya que la oficina de San Juan está entre las primeras 10 de la jurisdicción federal con más carga de trabajo. Con el limitado presupuesto, Vos detalló que su oficina también está a cargo de entrenar no solo a los defensores públicos sino a los abogados criminalistas que practican en el foro federal defendiendo acusados indigentes bajo el Criminal Justice Act. Además, también se destina parte del presupuesto para pagar investigadores y peritos.

De acuerdo con estadísticas federales, para el 2012 hubo un aumento de 94% en el número de casos de personas de escasos recursosen Puerto Rico.

A preguntas de NotiCel sobre los motivos para la continua federalización de crímenes en la Isla, Vos opinó que el sistema federal es más global y centralizado, mientras que las jurisdicciones estatales son más sensibles a sus comunidades. Eso hace al sistema federal mucho más estricto en las condenas, algo que muchos podrían ver como un disuasivo efectivo.

No obstante, Vos opinó que ‘no existe ni un solo estudio que yo haya visto’ que apoye la teoría del castigo como un disuasivo para evitar delitos, y aceptó que existen muchas razones por las cuales las personas cometen delitos, tales como la economía.

‘El mejor disuasivo es darle oportunidades de crecimiento a las personas’, dijo Vos, al destacar la necesidad de una mejor educación pública.

Por su lado, Guzmán, planteó que no entendía ‘la filosofía detrás de la federalización de los casos’, porque en casos criminales que en otras jurisdicciones son manejados por los foros locales, en Puerto Rico son manejados por los federales. ‘Los foros locales hacen un trabajo competente y trabajan mucho’, destacó.

Actualmente, la oficina que dirige Vos maneja un caso de pena capital y el resto son delitos de drogas, pornografía, y ahora los delitos de armas, que en su mayoría son referidos al foro federal. Los casos de pena de muerte consumen más dinero y recursos que los demás.

El Tribunal Federal también se adentra en la investigación de la corrupción judicial, y al presente se ventila en dicho foro el primer caso de soborno contra un exjuez del sistema estatal.

Vos aseguró desconocer los motivos por los cuales el Tribunal Federal estaba entrando a investigar jueces, mientras Guzmán dijo que en otras jurisdicciones federales se han llevado investigaciones de jueces locales por corrupción para evitar posibles conflictos.’Van al foro federal en muchos sitios porque los jueces (en el foro estatal) son amigos de otros jueces,’ expuso Guzmán.

De otro lado, Vos, quien es graduado de escuelas en Puerto Rico, dijo a preguntas de NotiCel que para el mes de noviembre se espera que entre en vigor un programa en el que ciertas personas convictas de delitos de drogas podrán cualificar para ver sus sentencias reducidas. Vos dijo que posiblemente unos 1,700 convictos cualifiquen, pero que se esperan unas 3,000 solicitudes.

Al inquirirle sobre la liberalización de la marihuana, la cual ha sido legalizada en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, Vos opinó que tanto los foros locales como federales gastan millones en perseguir a violadores por lo que es tiempo de cuestionar si ese es el uso más inteligente de recursos tomando en cuenta que es una sustancia menos dañina que el alcohol o el cigarrillo.