El Tribunal Supremo aprobó ayer unánimemnte enmiendas a las Reglas de Disciplina Judicial que pretenden fortalecer la capacidad de la Rama Judicial para fiscalizar a los jueces y, en el proceso, ha quedado al descubierto lo debil y acomodaticio que era el andamiaje de ‘fiscalización’ de los magistrados.

La resolución de enmiendas estuvo acompañada por escritos individuales de algunos jueces que constituyen las primeras expresiones de los jueces asociados sobre la crisis de confianza que sufre la Rama, y que no estuvieron exentas de ataques. Las juezas asociadas Anabelle Rodríguez y Maite Oronoz, por ejemplo, subrayaron que las enmiendas restituyen algunas de las capacidades que la propia mayoría nombrada por el gobernador Luis Fortuño había quitado.

En la resolución se propone que los cambios van a permitir a la Rama ‘asumir una nueva postura, proactiva y flexible que, a la vez que asegure la independencia judicial, sirva como mecanismo profiláctico de cualquier conducta antiética que pueda socavar la integridad del sistema judicial, sin menoscabar el derecho al debido proceso de ley de los jueces y juezas’.

Entre los cambios, resalta que ahora se podrán investigar quejas confidenciales o anónimas, mientras que antes, sin nombre, dirección, teléfono del querellante, documentos, o información para identificar testigos, podía ser archivada.

También, ya no habrá que ir a la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para presentar la queja sino que se debe habilitar un lugar en cada región judicial en donde las personas puedan presentar su queja.

Se tuvo que añadir, además, una aclaración de que a un juez o jueza se le puede investigar cuando hay la sospecha de que sus actuaciones judiciales están basadas en consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. En el caso del juez superior Manuel Acevedo, acusado a nivel federal por corrupción, se alega que recibió dinero, regalos y otros favores a cambio de absolver al contable Lutgardo Acevedo en un caso de homicidio negligente.

La OAT tendrá 90 días, un término nuevo, para completar cada investigación, aunque podría pedir prórroga, y la determinación final de la pesquisa, así como el informe de investigación y sus anejos será pública, lo mismo que acabe en un archivo como que acabe en un referido de disciplina.

En su opinión por separado, la Jueza Presidenta vuelve a defender que ‘[l]as especulaciones y los ataques excesivos a la Rama Judicial también son contrarios a la independencia judicial y en nada abonan a la estabilidad y la integridad de la institución’. ‘Máxime, cuando no reconocen que las situaciones señaladas no son la regla, sino la excepción, pues nuestra judicatura está compuesta, en su inmensa mayoría, por jueces y juezas íntegros y trabajadores, cuyo único norte es la Justicia’, añadió.

La expresión encontró riposta en la opinión del juez asociado Luis F. Estrella, quien indicó que ‘los funcionarios concernidos (con la política institucional de cero tolerancia a la corrupción) no pueden actuar a la defensiva, ni escudarse en la integridad de la mayoría de nuestros jueces y juezas’. ‘La integridad de esa vasta mayoría no es el issue. El verdadero reto es demostrar el compromiso y ser efectivos en la detección, identificación y procesamiento administrativo de las manzanas podridas que existen en la judicatura’, argumentó.

*Actualizada.

Vea también:

Le muestran la puerta de salida a Jueza Administradora de Tribunales

Voto de la jueza presidenta Liana Fiol Matta_8461

Enmiendas a Reglas de Disciplina Judicial_8462

Voto de la jueza Anabelle Rodriguez Rodriguez_8463

Voto de la jueza Mildred Pabon Charneco_8464

Voto del juez Luis Estrella_8465