El Departamento de Educación anunció el jueves la Unidad de Atención a la Retención Escolar (UnARE), un proyecto con el que pretenden evitar que estudiantes en alto riesgo caigan en la deserción escolar.

De acuerdo a la secretaria auxiliar de Servicios de Ayuda al Estudiante (SASAE), Carmen Johanna Rivera López, actualmente existe en el sistema público unos 90,806 estudiantes en alto riesgo.

A preguntas de NotiCel, Rivera López expuso que estos estudiantes son considerados como de alto riesgo porque sufren ciertas condiciones de salud, tiene problemas de conducta (relaciones interpersonales), utilizan sustancias controladas o tiene algún rezago académico.

De otro lado, el subsecretario para Asuntos Académicos del Departamento de Educación, Harry Valentín González, expuso a la prensa que el 25 % de los estudiantes del sistema público son desertores escolares, principalmente al hacer la transición de noveno grado a la escuela superior.

Ante cuestionamientos de este diario digital, el funcionario precisó que las regiones que han registrado el mayor número de bajas son la de San Juan (distrito escolar de Carolina I) y Bayamón (distrito escolar de Toa Baja).

Con UnARE el Departamento planea realizar visitas a los hogares de estos estudiantes para indagar con mayor profundidad los problemas que les aquejan y buscar alternativas para solucionarlos mediante un programa de intervención interagencial. Cabe señalar que la intervención de UnARE se daría si resultan infructuosas las gestiones del grupo multidisciplinario del Programa de Servicios Interdisciplinarios para la Convivencia Escolar (SICE).

Habrá un grupo de UNaRE por cada una de las siete regiones educativas del Departamento de Educación, que contara con un coordinador, oficinistas, trabajadores sociales, consejeros y psicólogos.

Los criterios para seleccionar los hogares de los estudiantes que se visitarán en horario extendido, son el ausentismo, las tardanzas, los cortes de clase, el bajo aprovechamiento académico, que su edad cronológica sea sobre el nivel del grado, problemas en el núcleo familiar, entre otros.

Rivera López plantea que si ya se han agotado todos los esfuerzos por medio de las intervenciones de SICE Y UnARE y no se logra la colaboración del estudiante y sus familiares, se procedería a hacer referidos al Departamento de la Familia o cualquier otra agencia concerniente en conformidad con la Ley 246 de 2011.

La funcionaria expuso que se han destinado $650 mil que se utilizarán para contratar al personal que participara en UNaRE, que serán 44 personas. El personal sería contratado por el Departamento de Educación (DE).En los $650 mil no se contemplan los fondos invertidos para la adquisición de las guaguas que se usarán en cada región, ni de las 14 computadoras portátiles y 30 tabletas Microsoft Surface.

Para monitorear la cantidad de estudiantes que se vuelven desertores escolares, que para efectos del DE incluye a los que se van a hacer ‘homeschooling’ o se matriculan en un programa de estudio acelerado o están en una institución juvenil, se tendría en vigor el Sistema de Datos Longitudinal.

‘La importancia del Sistema de Datos Longitudinal es que desde kinder va a establecer cuál es la vida de ese joven en nuestro sistema, y que nosotros vamos a poder saber si de noveno se nos va porque quiere ir a una escuela nocturna, nosotros vamos a poder darle continuidad a ese estudiantes porque vamos a tener el dato. Y un dato de alta calidad porque va a estar en ese sistema que se va a interconectar con diferentes sistemas de otras agencias’, apuntó Valentín González.

De hecho, Valentín González indicó a este diario digital que para propósitos estadísticos las personas podrán tener acceso a cierta información que recoja el sistema siempre y cuando se salvaguarde la Ley HIPAA y la Ley FERPA.

A parte de esto, el coordinador de UnARE y el personal de SICE que trabaja en las regiones ayudaran con el monitoreo de la eficiencia del programa y se rendirán informes mensuales.