En medio de la crisis de credibilidad que enfrentan por el procesamiento criminal de uno de sus jueces y por el hoyo negro al que someten las querellas de los ciudadanos contra sus miembros la Rama Judicial confirmó que archivó una investigación contra varios jueces de la Región Judicial de Aguadilla por el manejo de un incidente de violencia domestica y, además, no pudo explicar por que había sido ascendido un juez superior que fue objeto de una querella por parte de compañeros jueces.

NotiCel publicó esta semana que La Fortaleza renominó para ascenso al juez Diómedes González Velázquez a pesar de que fue objeto de una querella por parte de la Procuradora de las Mujeres Wanda Vázquez Garced que lo acusó de actuar negligentemente en un caso de violencia doméstica ocurrido en el 2011.

La Oficina de Administración de los Tribunales informó el martes que ordenó en el 2012 el archivo de la querella de la Procuradora por el manejo del caso de Jennifer Toro Hurtado, luego de conocer de primera mano todos los trámites realizados por la mujer contra su agresor, Nelson Crespo Feliciano. En el 2011, Toro Hurtado recibió dos impactos de bala en la espalda, uno en el abdomen y otro en la boca, propinados por Crespo Feliciano, de 45 años, quien la sorprendió en un supermercado en un centro comercial en Aguadilla. Luego de herirla, Crespo Feliciano se hizo un disparo en la cabeza.

De acuerdo a una investigación de la Procuradora, los hechos narrados por la víctima así como los expedientes del Tribunal como de la Fiscalía, Policía y de la Oficina de Servicio con Antelación al Juicio (OSAJ) demostraron que González Velázquez tuvo ante sí en varias ocasiones a la perjudicada Toro Hurtado con relación a las amenazas de muerte, acoso y temor contra Crespo Feliciano y aun así autorizó la excarcelación del agresor al autorizar la prestación de una fianza mínima sin cumplir con ciertas condiciones y con la advertencia de parte de la OSAJ sobre la peligrosidad y el historial criminal del individuo.

La OAT informó que la investigación reveló que todos los remedios solicitados por la parte querellante al amparo de la Ley 54 Contra la Violencia Doméstica fueron provistos y que los procesos se atendieron dentro del marco de la ley y de la discreción judicial. La OAT evaluó la intervención de tres jueces en el manejo del caso, Rafael A. Ramos Sáenz y González Velázquez así como el juez superior José T. Román Barceló, y la investigación arrojó que todos los jueces que intervinieron atendieron los reclamos de la víctima.

Con respecto al manejo del caso criminal, la investigación de la OAT concluyó que los jueces que intervinieron en el proceso actuaron dentro de los parámetros de la discreción judicial al momento de imponer fianza y que el Ministerio Público podía solicitar que se aumentara de entender que era muy baja ‘y no lo hizo oportunamente’.

Sobre la excarcelación del imputado, la OAT sostuvo que las Reglas de Procedimiento Criminal no exigen un deber expreso de notificar a la parte perjudicada una vez este pague la fianza establecida. No obstante, destacó el hecho de la Ley 54 delegó dicha notificación tanto en el Tribunal como en la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Administración de Corrección y el Ejecutivo, ‘por lo que la responsabilidad es compartida’.

Además de este caso, también esta semana el diario El Nuevo Día reseñó la queja del exjuez apelativo Carlos López Feliciano quien se sorprendió de conocer que el juez superior Carlos I. Candelaria Rosa fue ascendido al mismo Tribunal de Apelaciones después de que López y otros dos jueces se quejaran formalmente porque Candelaria los insultó en una sentencia.

Los hechos son que el panel apelativo de López revisó una determinación de desacato que Candelaria había emitido en un caso criminal en Ponce en 2011. Candelaria, molesto con la revisión de sus superiores en la jerarquía judicial, dijo en una resolución en el mismo caso que el panel tenía ‘una noción distorsionada, castrada, pusilánime y apocada de la función judicial’, entre otras expresiones.

‘Hasta mi retiro de la judicatura presumí que el más Alto Foro había referido el asunto a la Comisión de Asuntos Disciplinarios de la Rama Judicial. Espero comprenda mi sorpresa al enterarme del ascenso de este Juez. Debo entonces suponer que el Tribunal Supremo lo exoneró de la conducta incurrida o que el más Alto Foro no refirió el asunto para la acción disciplinaria correspondiente’, dijo López en una carta del jueves pasado para la cual, según informó Tribunales ayer a NotiCel, todavía no hay una respuesta oficial porque está bajo investigación.