El juez federal Jose A. Fuste, utilizó una opinión el martes para dirigir una amenaza de cárcel a los funcionarios del sistema público de enseñanza que no implementan la orden del tribunal para cumplir con los servicios del Programa de Educación Especial para una niña con síndrome Down en el tiempo determinado.

‘Nadie debe dudar de que el encarcelamiento se llevará a cabo por cualquier individuo o parte, que no cumpla con las normas. No se concederán prórrogas. Los términos aquí contenidos, están escritos en piedra, porque este tribunal no va a ser un partido a la debacle de treinta y cuatro años’, advirtió el Juez, en referencia a la lucha que comenzó en 1980, cuando Rosa Lydia Vélez presentó la demanda contra el DE. La sentencia por estipulación fue promulgada en 2002, pero el Departamento ha estado en incumplimiento año tras año.

Las expresiones del juez contrastan con las acciones que se han tomado desde la corte estatal. Tan reciente como el 20 de agosto, la jueza Aileen Navas Auger dio ‘no ha lugar’ a una petición de desacato, al referir a los padres y madres al proceso administrativo de radicación de querellas individuales. Durante el proceso de litigio, otros jueces han impuesto multas de $2,000 diarios al DE, sin que ello conlleve un mejoramiento de servicios. Esa multa representa cerca de dos centavos por niño, por lo que le resulta más costo efectivo al DE continuar ignorando su responsabilidad. El Departamento ha acumulado sobre $4,000 millones en multas desde 2006.

Fusté aprobó un interdicto preliminar en el caso de una niña con síndrome Down, como parte de una demanda que presentó la madre, Ivis Colón Vázquez contra el Departamento de Educación por el incumplimiento con la realización del plan educativo individualizado, así como por faltar al nombramiento de una maestra especializada.

Pese a que los argumentos del DE apuntaban que la culpa del incumplimiento la tiene la demandante por faltar a las reuniones para elaborar un plan, Fusté analizó que estos no estaban respaldados por la evidencia. ‘Está claro que ni el DE, ni la escuela hicieron ningún esfuerzo para cumplir con la orden del juez de derecho administrativo’, comentó, en cuanto a una orden emitida el pasado 24 de junio por el juez administrador Juan Palerm Nevares, que dispuso que el DE nombrara un maestro de educación especial para la menor, que se le otorgara el tiempo compensatorio de servicios académicos y que en un término de 25 días determinara la cantidad de dinero que se le adeuda a la demandante por los gastos de transportación de su hija.

‘El sistema encargado de proteger a la niña, le ha fallado continuamente; incluso cuando ella se valió del proceso administrativo y se ha evaluado correctamente, el DE ha negado a cumplir con el plan de educación individualizado, con la Resolución, y con la ley federal IDEA’, lee la orden.

Aunque el Juez afirmó que no es ningún secreto que el nivel de calidad de la educación en las escuelas públicas de Puerto Rico ‘es pobre, roto, vergonzoso, negligente, lamentable y deshonroso’, se expresó esperanzado con que la resolución de la Corte en este caso, ‘obligue a Puerto Rico en su conjunto para examinar su sistema de escuela que está fallando’.

‘Cualquier persona o parte que no cumpla con las normas después de una audiencia sobre el asunto se llevará a cabo en desacato civil o criminal, incluyendo el encarcelamiento’, reiteró.

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Orden Juez Fusté – NotiCel_8722