La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) impuso el 18 de septiembre pasado la multa más grande a un alcalde en el caso del exmandatario de Vega Baja, el novoprogresista Iván Hernández, a quien se le imputa por presionar a sus empleados para que le dieran donativos políticos y se le reclama el pago de $110,000.

Hernández todavía está en tiempo para pedir una reconsideración pero, de no hacerlo, la multa sería final 30 días después de ser notificada.

Hernández, quien sustituyó al convicto Edgar Santana, fue también acusado por la vía criminal por los mismos hechos de un cargo aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, y otro por violación a la Ley de Ética. La alegación principal está basada en declaraciones de empleados y en una grabación hecha al alcalde en la que aparece pidiendo un diezmo en donativos políticos y reclamando la asistencia de los empleados municipales a sus actividades políticas y a las del Partido Nuevo Progresista a nivel central.

La OEG presentó la querella en julio de 2012. En la grabación de la reunión con sus empleados en el Salón de Conferencias de la Casa Alcaldía, Hernández impone una cuota para el Comité Amigos de Iván Hernández, habla malo, reclama la asistencia a las actividades y amenaza con ‘cortar la cabeza’ al que no se alineara.

Hernández aceptó que la grabación tomada en dicha reunión contenía su voz y, después de la divulgación del material, despidió a algunos empleados de confianza y redujo el sueldo a otros.

La evidencia que recopiló la OEG apunta a que, el 17 de enero de 2012, Hernández convocó a algunos empleados de confianza a una reunión en su comité político en la cual impuso el pago de una contribución política basada en el sueldo de los empleados y que recolectarían José Ayala, director de Manejo de Emergencias, e Iris Soto, empleada de Recursos Humanos.

Luego de esa reunión en la que impuso la cuota, Hernández celebró dos más, en la Alcaldía y en horas laborables, sobre el mismo tema. En la reunión grabada llegó a decir que ‘si no cooperaban con las actividades ni pagaban la cuota, pues para qué los quería allí cobrando el sueldo’.

Tras ganar las primarias, Hernández tomó represalias contra seis de sus empleados de confianza mediante traslados, reducciones de sueldo, o destitución.

La querella fue adjudicada por la oficial examinadora Johanna Alicea García.

Vea también:

‘Despidos injustos’ y cobro de ‘diezmo’ por alcalde de VB (audio)

Resolución de la Oficina de Ética Gubernamental contra el exalcalde Iván Hernández – NotiCel_8743