Aunque el secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, explicó el burocrático y prolongado proceso para que un estudiante ingrese al Programa de Educación Especial, el funcionario recalcó que la matrícula de esta población ha aumentado en los últimos años por el mal manejo de los maestros en el salón de clase.

‘Mi apreciación y mi experiencia me dice que el problema está en la evaluación desde la sala de clases. No estoy hablando de la evaluación del perito que hace sus propias evaluaciones’, contestó Román Meléndez en la vista pública que celebró la Comisión senatorial de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, presidida por la senadora popular Maritere González, que persigue investigar la contratación de trabajadores 1, el cierre de planteles escolares y la otorgación de contratos a los transportistas escolares.

‘Cuando el maestro en la sala de clases y en su ejecución identifica un acto de retraso en el aprovechamiento académico del estudiante no hay una intervención inmediata y adecuada, y desde el punto de vista de la escuela se refiere al trabajador social o al programa de educacion especial para un proceso de registro, y ahí comienza el problema’, aceptó el Secretario a preguntas del senador Miguel Pereira.

Por otra parte, explicó que el proceso para identificar que un estudiante debe recibir educación especial comienza con el maestro en el salón luego de estudiar el aprovechamiento académico del alumno. Una vez identificado el rezago académico, entonces el educador refiere al trabajador social o al director del plantel para que continúe con los trámites que culminan con evaluaciones del Centro de Educación Especial, ente que determina elegibilidad del estudiante al programa.

Actualmente en la isla, según cifras de la propia agencia, existen 160 mil estudiantes que reciben educación especial.

En medio de su alocución, Román defendió los ajustes que hizo en Educación, destacando así la consolidación de planteles, gestión que logró después de un exhaustivo estudio sobre la reducción estudiantil en la isla.

‘En términos presupuestarios, se estimó que la consolidación de escuelas producirían un ahorro de $18.5 millones. Debemos recalcar que todo está enmarcado en la situación fiscal por la que atravesamos. La consolidación de escuelas fue un proceso complejo, para ser efectivos. Puerto Rico no puede tener un Departamento con escuelas fantasmas, con el segundo y tercer piso cerrados. No podemos tener escuelas que atiendan un número bajo en la matrícula en la que no se le puedan dar mejores recursos a esos estudiantes’, respaldó el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas.

Los senadores solicitaron, entre otras cosas, a los funcionarios de OGP y Educación información que confirme el impacto de los ajustes en la agencia, en este caso la consolidación de escuelas y los cambios a los contratos de los transportistas escolares.