El gobernador Alejandro García Padilla calificó de ‘ultraderechista’ al Tribunal Supremo luego de que dicho foro declarara inconstitucional la ley que restituía la colegiación compulsoria para los abogados en la práctica activa del Derecho en Puerto Rico.

‘Era de esperarse. Es un tribunal ultraconservador en su mayoría, muy de derecha, y ante unos reclamos de justicia la derecha reacciona de esa forma. Es muy lamentable’, dijo García Padilla a su salida de la 25ta. Conferencia del Ministerio Público.

Hace menos de tres meses García Padilla había convertido en ley la colegiación compulsoria de los abogados en la isla luego de que la administración del exgobernador Luis Fortuño aprobara una ley.

‘Este es un interés apremiante en la política pública del Estado Libre Asociado. Se trata del mismo interés apremiante que explica la colegiación integrada para otros profesionales como es la medicina, la ingeniería, el trabajo social, entre otras. Si este interés apremiante explica la colegiación integrada de estos profesionales, cómo va a ser distinto en una profesión tan investida de interés público como la legal?’, había dicho García Padilla al momento de firmar la Ley de la Colegiación Integrada de la Abogacía en julio pasado.

Sobre la posibilidad de acciones futuras que puedan reinstalar la colegiación compulsoria a los abogados, el Gobernador señaló que aún no ha tenido la oportunidad de leer la decisión mayoritaria del Supremo, por lo que no puede anticipar un curso de acción, si alguno.

‘Se evaluará. No hemos leído la determinación, pero entiendo que tiene un dictum larguísimo y ahí tratan temas que no tienen nada que ver con la determinación –como los derechos de asociación. Es un caso que no fue a juicio y se hizo por medio de certificación, en donde las partes no tienen derecho a su día en corte’, explicó, García Padilla.

El Gobernador aprovechó el breve aparte con la prensa para expresarse además en torno a las declaraciones hechas por el Comisionado Residente Pedro Pierluisi a los efectos de que su administración persigue a funcionarios públicos por su afiliación política, e incluso a una organización política que favorece la estadidad. De acuerdo con García Padilla, Pierluisi ‘plagió’ las declaraciones de su correligionario y adversario en la lucha por la candidatura a la gobernación en 2016, Ricardo Rosselló, quien incluso ofreció asistencia legal a los funcionarios involucrados en el caso.

Las declaraciones de Pierluisi y Rosselló responden al referido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) de ocho bomberos que realizaron un viaje a Albuquerque, Nuevo México para participar de una asamblea de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC por sus siglas en inglés) haciendo uso de fondos públicos, sin que existieran un fin público válido. Los bomberos enfrentarían acusaciones por conspiración, malversación y apropiación de fondos públicos e infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.

‘Parece que el Comisionado no ha cambiado desde que era Secretario de Justicia, cuando siendo aquel el periodo de más corrupción gubernamental en la historia, él no encausó ni a un solo corrupto, y tuvo que venir Guillermo Gil Bonar [fiscal federal] a hacer el traba que se supone hiciera él’, dijo García Padilla, quien recordó además que varios funcionarios de la administración del entonces Gobernador Pedro Rosselló que habían sido encontrados culpables en la jurisdicción federal, luego fueron exonerados por el Departamento Justicia que dirigía Pierluisi.

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