Un millón treinta y dos mil dólares que estaban destinados para proveer equipo y materiales a 10 centros de educación física adaptada para estudiantes de educación especial, nunca fueron asignados al Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Las declaraciones las realizó la licenciada Nilda Díaz, directora de la División Legal del DRD, quien representó al secretario Ramón Orta a una vista pública de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado.

La revelación se produjo en una vista pública presidida por la senadora Maritere González López, en virtud de la Resolución del Senado 246, que ordena una investigación sobre los centros de educación física adaptada en varios centros a saber: Aguada, Arecibo, Bayamón, Cabo Rojo, Corozal, Fajardo, Guayama, Gurabo, San Juan y Vieques, establecidos mediante un convenio suscrito en el año 2010 por el DRD y el Departamento de Educación.

Según reza la exposición de motivos de la resolución, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, ‘informes de prensa señalan que el DRD, durante la incumbencia de Henry Newman, la agencia desvió el dinero para proveer dichos servicios a otro programa de la agencia, quedando desprovistos de materiales y recursos los diez (10) centros establecidos a través de la Isla para ofrecer tan importante servicio’.

Por su parte, la senadora destacó que ‘en este se contrató a la empresa Educational Consulting Company, que cobró, pero no se constató el trabajo en los centros de educación física adaptada. Esta servidora tiene un compromiso serio y enérgico con asegurarle al País que se cumpla con esta población necesitada. El próximo paso es a concluir con el proceso de hallazgos y presentar un informe parcial con referidos y recomendaciones’.

De igual forma, la Comisión atendió la Resolución del Senado 242, para investigar los servicios vocacionales disponibles a la población de educación especial. En cuanto a los hallazgos de la misma la senadora dijo estar ‘consciente de la importancia de estos ofrecimientos a los miles y miles de niños y jóvenes de educación especial que tienen el derecho de recibir estas ayudas vocacionales para integrarse de manera correcta al mundo laboral y/o universitario’.

Por otro lado mediante, la Resolución del Senado 243 se investigan los casos que pudieran constituir maltrato institucional por parte del DE. La presidenta de la Comisión opinó que ‘el Departamento de Educación debe establecer y aclarar cuáles son los protocolos de prevención, educación y manejo de posibles casos de maltrato institucional, si es que existe algún protocolo’.

En conclusión, González expuso que según el censo del 2010 más de una quinta parte de la población tiene uno o más impedimentos, ‘y eso no se debe traducir en segregación y olvido, sino en mayores y mejores servicios a este segmento de nuestra población’.