El proceso de apelar la reciente decisión judicial que validó un acuerdo del 2012 en el cual el Departamento de Hacienda se obligó a pagarle a Doral Bank un reintegro de $229.8 millones comenzará la semana que viene con un pedido de reconsideración.

No obstante, si la decisión judicial tomada por la jueza Laureana Pérez es sostenida por el Tribunal Supremo, el gobierno no tendría que pagar $229.8 millones en cinco años como establece el acuerdo debido a las limitaciones impuestas por la Ley de Sostenibilidad Fiscal del Gobierno o Ley 66.

El abogado del gobierno en el caso contra Doral Bank, Ramón Dapena, dijo que el estatuto, entre otras cosas, establece que toda sentencia adversa, excepto aquellas de expropiaciones o planes de pago aprobados por la corte, deberá presupuestarse anualmente tomando en consideración la condición financiera del gobierno y la fecha en que ese fallo adverso entra en vigor.

Dapena sostuvo que el gobierno no podría asignar más de $3 millones en su presupuesto para pagar la deuda a Doral Bank. El abogado de Doral, RamonRosario, dijo recientemente que la Ley 66 no aplica en este caso porque el pago no proviene de una sentencia sino que es un reintegro.

La información salió a relucir en un foro el jueves organizado por la Universidad Interamericana en donde se discutió con estudiantes y el publico el pleito entre Doral Bank y Hacienda en donde el banco reclamaba el pago de un reintegro al cual la agencia decía que no tenía derecho. En el foro no hubo representantes de Doral.

Dapena explicó a fondo por qué entendía que Doral hizo un falseamiento ante la agencia en el 2012, cuando el gobierno accedió a convertir ciertos activos intangibles en un reintegro.

A pesar de que Pérez concluyó que Doral no hizo ningún falseamiento, Dapena la refutóal alegar que Doral le hizo creer a Hacienda en el acuerdo que unos $766.2 millones eran activos intangibles cuando en realidad solo $652 millones eran activos intangibles y el resto eran lo que no conoce como NOL’s, o perdidas operacionales netas, lo cual hubiese resultado en un reintegro menor.

En ese acuerdo los activos intangibles se convirtieron en ‘accounts recievable’ o reintegro para Doral y en una obligación de Puerto Rico. Según Dapena, el Código de Rentas Internas no permite que se solicite un reintegro a menos que la entidad demuestre que hizo un sobrepago en impuestos. Ese reintegro no se puede conceder luego de cuatro años desde la fecha del pago del impuesto.

Dapena sostuvo que Doral no demostró que hizo sobrepagos de impuestos a la satisfacción de Hacienda sino ‘que hizo pagos’. Además, Hacienda extendió el término prescriptivo de la ley para solicitar el reintegro, algo que no podía hacer.

Antes del acuerdo del 2012, ya Hacienda había hecho siete acuerdos con Doral que datan desde el 2004 en donde se reconocieron los activos intangibles. En 2006, se le permitió a Doral usar esos activos intangibles como un crédito.

Salomon Levis, expresidente de Doral Bank, dijo que entiende que un acuerdo del 2006 con Hacienda en el cual activos intangibles por valor de $889 millones de Doral Bank se amortizaron por un período de 15 años fue bueno para el banco porque los activos intangibles es algo teórico que lo mismo podía subir o bajar.

Levis dijo que no entiende porque ese acuerdo se cambió después en el 2012 y que la única explicación es que bajo la gerencia nueva ‘Doral no ha ganado un solo centavo; un solo centavo ha ganado Doral en los últimos nueve años. Pues obviamente, no tenía ganancias donde se pudieran poner esas pérdidas que Hacienda había permitido por 15 años…Después mezclaron pérdidas operacionales reales con los IO’s(activos intangibles) e inflaron todas esas partidas’.

Según Levis, aunque Doral está en su corazón porque ayudó a fundar el banco en el 1972, la ‘estrategia de la nueva administración fue tan mala’ que el banco perdió dinero. Destacó que los demás bancos por los pasados tres años están generando ingresos menos Doral. La FDIC amenazó con tomar control del banco debido a que su capital está por debajo de lo requerido.

Dice que el banco ha botado dinero porque la nueva administración que es de gente de afuera no sabe hacer negocios en Puerto Rico. A pesar de que quiere a la institución dice que no puede apoyar el acuerdo. ‘No lo puedo apoyar porque no está en ley…es como un regalo que le haría el pueblo de Puerto Rico indebidamente’, dijo.

Levis dice que el caso se ha tornado en uno político. El comisionado residente Pedro Pierluisi, quien es presidente del Partido Nuevo Progresista, ha dicho que el acuerdo se debe respetar, algo que Levis interpretó como una instrucción a los seis jueces nombrados por el PNP para que decidan a favor de Doral Bank.

El abogado Harry Anduze criticó el hecho de que Pérez no entrara en los méritos de si la transacción fue buena para Puerto Rico al destacar que todas las actuaciones del gobierno están circunscritas a los límites de la constitución. ‘El gobierno como contratante siempre es gobierno y no puede estar reñido con el orden constitucional….Este es el orden público’, dijo Anduze.

Anduze dijo que la sentencia de Doral ‘no es un problema político’ sino un ‘asalto al fisco’ y criticó que la Jueza decidiera que el juicio se limitaría a evaluar si Doral hizo un falseamiento a Hacienda al hacer el acuerdo y que no era admisible evidencia de que el acuerdo iba en contra del interés público.

Pidió al público que siguiera hablando del caso y que no lo dejen descansar ni miren para el lado.

El abogado John Mudd, quien apoya la sentencia a favor de Doral, y estaba sentado en el público, dijo que el closing agreement o acuerdo del 2012 se rige por una ley especial que dice que el contrato no se puede anular o modificar por ninguna ley a menos que medie fraude. ‘Ese es el problema aqui…El legislador dijo que en estos acuerdos esto es lo único (fraude) que se puede impugnar’, destacó.

‘Si el acuerdo del 2006 o del 2012 eran buenos o mala política, eso son otros 20 pesos. Realmente es mala política pero se hizo….El acuerdo del 2012 claramente dice que es porque el gobierno de Puerto Rico tiene la política pública de mantener los bancos operando y mantener las personas empleadas…obviamente le dieron esos chavos porque no querían que Doral se fuera a la quiebra’, dijo.