El Gobierno de Puerto Rico se amparó en la Ley 66 para solicitarle al Tribunal de Primera Instancia que les permita emitir pagos anuales de $3 millones para satisfacer una sentencia que hay a favor de los Centros 330 desde el 2012, pero dichas entidades rechazaron el propuesto plan de pago, por lo que el juez Ángel Pagan tomará una decisión próximamente.

La secretaria auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia, Marta Elisa González, quien participó en la vista efectuada este jueves en el Tribunal de San Juan, argumentó que el artículo 28 de la Ley 66 le permite al Gobierno que la sentencia emitida en este caso se pueda satisfacer por medio de un plan de pago.

Según González, el Estado está en la disposición de cumplir con la deuda de alrededor de $28 millones, ‘pero no de la manera tradicional’. Sin embargo, hasta el comisionado especial del caso, César Soto, opinó que es ‘muy poco’, la propuesta del Estado de pagar $3 millones anuales.

A juicio de Soto, ‘en la medida que no se haga ningún pago, vamos a seguir engordando ese cochinito (en referencia a la deuda que tiene el Gobierno con los Centros 330)’.

Tanto González como la representante legal del Estado, la licenciada Flor Vélez, rechazaron la petición de los abogados de los Centros 330 para que el Estado disponga de los $22.5 millones consignados en la Ley 78 de 2014 para pagar la sentencia. Ambas plantearon que esa es una partida especial establecida por la Legislatura para asegurar la operación de los Centros.

Trascendió en la vista que el Gobierno utilizó parte de esos fondos para pagarle a los Centro 330 alrededor de $9 millones, como se acordó desembolsar trimestralmente en otro caso que hay ante el Tribunal Federal. Estos son pagos suplementarios (WAP, por sus siglas en inglés) que reciben los Centros 330, y que son aparte de las capitaciones que les pagan las entidades que los subcontratan para brindar servicios a los beneficiarios de Mi Salud.

Pero el juez Pagán terminó declarando ‘no ha lugar’ la petición del representante de varios Centros 330, el licenciado Marvin Díaz Ferrer, para que el Tribunal congelara los fondos de la Ley 78.

Por su parte, el licenciado Raúl Tirado, quien representa a otros Centros, explicó a NotiCel que el caso que data desde 2002 surge ante el incumplimiento del Estado con unas enmiendas que el Gobierno federal hizo a la Ley de Seguridad Social.

Estas enmiendas dispusieron que el Estado debía establecer un sistema de pagos prospectivos para los Centros 330 en aras de reembolsar ciertos gastos que estas entidades incurren por atender a beneficiarios de Medicaid (Mi Salud). La idea era que por medio de los WAP estas entidades recibieran estos fondos de antemano y que al final del año se hiciera una conciliación por si el Gobierno había pagado de más o de menos.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc., Alicia Suárez, abundó a este diario que la razón para estas enmiendas fue que estas entidades no debían utilizar fondos otorgados bajo la Sección 330 de la Ley de Salud Pública Federal para compensar la pérdida de ingresos por las tarifas que les pagan los planes de manejo de cuidado que son contratados por el Gobierno para administrar la Reforma de Salud. Pero, como el Estado no cumplió con el mandato federal, los Centros acudieron al Tribunal. Por ello, entre 2011 y 2012, el foro judicial estatal emitió una sentencia en contra del Gobierno para que pagaran alrededor de $28 millones.

Además, Díaz Ferrer, indicó a este diario que actualmente está ante el Tribunal Supremo otra controversia por unos $110 millones que el Gobierno no ha querido reconocer que le adeuda a los Centros 330. Además, el Estado ha querido deducir los ‘grants’ (subvenciones en bloque) que estas entidades reciben de la cuantía que el Gobierno les debe.

Vélez ha rebatido el monto de la deuda porque señala que el Comisionado Especial del caso no ha provisto información suficiente sobre la base que usó para llegar a este cálculo.

Mientras, el juez Pagan, emitió un nuevo señalamiento para el próximo 17 diciembre a las 2 p. m., y les concedió a las partes hasta el próximo 31 de octubre para que radiquen un memorando de derecho sobre la aplicabilidad de la Ley 66.