Una de las personas que otorgó la subasta de Comedores Escolares,impugnada por una supuesta violación a la Ley 458, fue el ahora secretario asociado de Educación Especial, licenciado Carlos Rodríguez Beltrán, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Subastas del Departamento de Educación. La misma enfrenta una impugnación por supuestamente favorecer a la compañía Pan American Properties (PAP) mediante subterfugios.

Las impugnaciones que hizo Campo Fresco en septiembre, indican que el Estado incurrió en violación de la Ley 458, al registrar como licitador a PAP y otorgarle preferencia, pese a que su dueño, José González Freyre, se declaró culpable en 2009, por delitos que han interpretado como ‘equivalentes a fraude’.

En el Artículo 5 de la Ley 458 de 2000, se otorga una sanción mínima de ocho años, con la que se le impide participar de licitaciones a cualquier persona natural o jurídica que se haya declarado culpable por fraude, o ‘por los delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes’. González Freyre se declaró culpable ante la Corte Federal durante el caso contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá por hacer declaraciones falsas a las autoridades federales.

La subasta, realizada el 26 de agosto, fue adjudicada a José Santiago Inc., una empresa de distribución de alimentos, que licitó ofreciendo un producto manufacturado por PAP. Según Campo Fresco,PAP utilizó a la empresa de distribución como subterfugio.

Rodríguez Beltrán confirmó a este diario que esa subasta, que ahora está bajo consideración de tres agencias ante un proceso de impugnación, se adjudicó ‘teniendo toda la información en nuestras manos’.

Sin embargo, tal como expuso el Presidente de PAP a este diario, el secretario asociado del DE comentó que la subasta fue adjudicada a José Santiago y no a PAP. Reiteró incluso que no conoce a González Freyre. ‘Esa persona no está ante la consideración de la Junta de Subasta. Ante la Junta de Subasta está José Santiago y fue la parte a quien el DE le adjudicó la subasta’, defendió.

Rápidamente, reconoció que el proceso de impugnación es un derecho de ‘quien no se lleva la buena pro’, mas debido a que los asuntos están en etapa de revisión judicial, se limitó a hacer comentarios adicionales.

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