Con la eliminación del tope de renta, los inquilinos de residenciales públicos con ingresos más altos tendrán que pagar precios cada vez más similares al mercado privado, conforme al 80% de la renta de alquiler del mercado (o el Fair Market Rent).
No obstante, la Administración de Vivienda Pública (AVP) implementará una renta escalonada para que no aumente más de 35% en un año, y que será sometida a revisión anual.
El aumento en la renta se une a un aumento en la tarifa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) para el próximo año, según confirmó la directora auxiliar de Servicio al Cliente de la corporación pública, Shirley Cosme Montañez.
‘Es una estrangulación’, aseguró el residente Víctor López, paciente de diálisis hace 19 años. Su único ingreso, según explicó, proviene del seguro social. Con $950 mensuales debe balancear la renta, la compra de alimentos, transportación y otros gastos básicos. Con la nueva directriz, aumenta su tarifa a $383 mensuales. ‘Ahí se van el arroz, las habichuelas, el pan y la leche’, mencionó de manera general.
Los datos oficiales indican que solo unos 1,800 residentes se verán afectados, de una población total de 200 mil personas. Las unidades de una habitación tienen un aumento de $80 mensuales; las de dos habitaciones de $102; las de tres, $149; las de cuatro aumentan $210; y las de cinco, $236.
Además, el administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, aseguró que la renta fija siempre será menor que el costo en el mercado privado, y que el plan de pago será opcional.
La opción tradicional para pagar la renta entre los inquilinos del residencial público es un tope o tarifa fija, en lugar del 30% de sus ingresos brutos o 10% de ingresos netos, para reducir la presión económica a quienes devenguen ingresos más altos para que no tengan que mudarse a medida que sus ingresos aumentan.
Sin embargo, en mayo, la Oficina de Vivienda Pública y Comunidades Indígenas (PIH, por sus siglas en inglés) emitió un aviso en el que explicaba que los nuevos estándares de renta fija formaban parte del Programa Moving to Work, el cual sirve de transición hacia la autosuficiencia.
La política de tarifa fija que ha establecido la Administración de Vivienda Pública (AVP) en los residenciales del país persigue equiparar las rentas del sector público con el mercado de quienes alquilan vivienda privada sin la asistencia del Estado, según impuesto por las regulaciones federales.
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