El obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, expresó sentirse satisfecho, luego de que el Tribunal validara la posición de las alegadas víctimas que en todo momento solicitaron a la Iglesia mantenerlos en anonimato y poder ejercer libremente su fe católica.
Las declaraciones del obispo surgen luego de que el juez Ángel R. Pagán Ocasio dejara sin efecto la orden emitida por la Fiscalía de Arecibo para que la Diócesis de Arecibo revelara los nombres y documentos de las alegadas víctimas de exsacerdotes que solicitaron a la Iglesia mantenerse bajo confidencialidad.
Fernández Torres indicó en un comunicado que según la sentencia, con la que el juez ordena cerrar el caso, el Tribunal sólo identificó una presunta víctima menor de edad al momento de recibirse la querella, cuya información ya estaba en manos de las autoridades al recibirse la querella en el Obispado. Mientras, que sólo uno de los querellantes no objetó la entrega de su declaración al Departamento de Justicia.
Según explicó Frank Torres Viada, abogado de la Diócesis de Arecibo, luego de evaluar en privado todos los documentos en posesión de la Diócesis, el juez determinó que sólo uno de los querellantes era menor de edad al momento de presentar su querella. A pesar de que los datos de este querellante ya estaban en posesión de la Fiscalía, el juez determinó que la Diócesis volviera a entregar los mismos.
Precisó que en cuanto a los querellantes adultos al momento de los hechos y quienes solicitaron mantenerse en anonimato, el Tribunal resolvió que no procedía la entrega de sus datos y documentos y dejó sin efecto las órdenes emitidas por el Departamento de Justicia.
‘El Tribunal ordenó lo que desde un principio la Diócesis le propuso. Nuestra propuesta en todo momento fue entregar la información al Juez para que éste evaluara qué procedía y ameritaba suministrar a Justicia sin afectar la confidencialidad solicitada por los querellantes a la Iglesia y a la vez colaborar con las autoridades’, indicó Torres Viada.
Finalmente, detalló que la actual sentencia del juez Pagán Ocasio surge luego de que el Tribunal Supremo reconoció el derecho a la protección de la intimidad de las víctimas adultas y su derecho a la libertad religiosa, al tratarse de una información que adultos compartieron a la autoridad religiosa en cuestión, con una expectativa de confidencialidad.
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