El alcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín Velez, fue referido este lunes a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por presuntamente haber cometido acoso sexual contra una de sus empleadas y haber violado la ley de Ética Gubernamental.

La presunta víctima, identificada como Lumari Torres Pérez, es la subdirectora del Programa de Programas Federales del ayuntamiento y alega que el Ejecutivo municipal hizo comentarios impropios y de alto contenido sexual, por lo menos, en tres ocasiones.

De la investigación se desprende que el dirigente municipal dirigió comentarios no deseados por la presunta perjudica relacionados a un tatuaje. El alcalde, establece la pesquisa, mantuvo en su oficina a Torres Pérez en contra de su voluntad.

'El alcalde invita a la empleada a su oficina y le dice que él quiere ver el tatuaje, a lo que ella dice que no. El alcalde cierra la puerta y ella se tiene que quedar un rato más y en ese encuentro le hace unas expresiones de alto contenido sexual. Ella sale de la oficina afectada por la situación', indicó el secretario de Justicia, César Miranda, en rueda de prensa.

El titular de Justicia agregó que de los presuntos hechos compañeros de la fémina han declarado, bajo juramento, que desde los incidentes la mujer se ha tornado triste, nerviosa y con falta de concentración.

A base de la evidencia documental, explicó Miranda, la investigación concluyó que Arlequín Vélez pudo haber violado el Artículo 132 del Código Penal, correspondiente al delito de acoso sexual. A su vez, pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su puesto para obtener, directa o indirectamente para él, o persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por estatutos.

'Examinada esta prueba, incluyendo las declaraciones, que son muchas, entendemos que hay prueba suficiente para entender que el alcalde de Guayanilla cometió el delito de acoso sexual', declaró el secretario.

Torres Pérez, por su parte, recibe tratamiento en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado por verse afectada laboral y emocionalmente después de los incidentes.

De la pesquisa, agregó Miranda, no se desprende que hayan otras presuntas víctimas empleadas del Municipio de Guayanilla.

Arlequín Vélez, del Partido Popular Democrático, es dirigente de ese pueblo desde el 2001 y continuará en su cargo, a menos que el fiscal que atienda el referido en el OPFEI recomiende suspensión de empleo y sueldo.

Esa entidad evaluará la querella presentada por el titular y determinará el curso a seguir en la investigación.