La Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte manifestó preocupación ante los reclamos que han vocalizado distintos funcionarios públicos así como representantes de organizaciones cívicas y del público general solicitando la pena de muerte para los acusados de la Masacre de Los Frailes.

Al tiempo en que expresó su solidaridad con las víctimas y los familiares de los afectados, la Coalición reiteró su rechazo a la pena de muerte como una alternativa para manejar el crimen y la violencia en el País.

En Puerto Rico, la pena de muerte está expresamente prohibida en la constitución. Para que un caso se certifique como uno de pena de muerte, se requiere que las autoridades federales asuman la jurisdicción sobre el caso.

La información que se ha hecho pública en el caso de la Masacre de Los Frailes permite concluir que, hasta el momento, el caso se dilucidará ante el Tribunal estatal, donde no existe la pena de muerte.

Sin embargo, algunas personas han aprovechado esta coyuntura para hacer reclamos públicos a favor de la pena de muerte. Estos llamados, que responden a la furia, a la impotencia y también al deseo de venganza, ‘sólo crean desinformación y amenazan con poner en tela de juicio el respeto a los derechos humanos en Puerto Rico, un País que reiteradamente ha rechazado el castigo capital como una alternativa o solución al problema de criminalidad’, lee un comunicado de la Coalición.

‘Es momento de tener una reflexión profunda para atender el grave problema de criminalidad que nos arropa. No obstante, la alternativa no puede ser añadir más violencia a la sociedad mediante la pena de muerte. Este aberrante castigo no resuelve el problema; lo complica’, expresó el licenciado Osvaldo Burgos, Coordinador de la Coalición.

A estas expresiones se unió la licenciada Evelyn Román, quien señaló que ‘[l]a pena de muerte ha probado ser inefectiva para disminuir el crimen. Los asesinos no tienen en mente la pena antes de actuar por lo que esta tampoco es un disuasivo para la actividad criminal. En todo caso, la pena de muerte es inhumana, cruel, barbárica e irreversible. Además, este castigo se aplica de manera discriminatoria y las pocas garantías de confiabilidad que tiene nuestro sistema de justicia ha permitido que el Estado asesine incluso a inocentes’.

Por su parte, la licenciada Ariadna M. Godreau Aubert también miembro del Comité Coordinador de la Coalición manifestó qué ‘[e]stamos solidarias y solidarios con las víctimas y con sus familiares, quienes han sufrido un crimen atroz que no tiene justificación. Lo ocurrido es lamentable y nos obliga a mirar las situaciones de violencia e inequidad en nuestro País. Sin embargo, ni este hecho ni ningún otro puede llevarnos a considerar la pena de muerte. La pena de muerte es contraria a los derechos humanos. Creer en los derechos humanos es creer en los derechos humanos de todas las personas, incluso de aquellas que han sido acusadas o que resultan culpables tras un proceso criminal’.

Durante los pasados diez años, siete casos se han certificado en el Tribunal Federal de Distrito como elegibles para la pena de muerte. En todos estos casos el jurado rehusó aplicar la pena de muerte. En reiteradas ocasiones, Puerto Rico se ha manifestado como un País respetuoso de los derechos humanos y en particular del derecho a la vida, negándose a reconocer el poder del Gobierno a acabar con la vida de una persona.

Por su parte, la organización Humanistas Seculares de Puerto Rico (HUSE) se solidarizó con el sufrimiento de la familia Ortiz-Uceda, pero sentenció que ‘oponerse a la pena de muerte resulta un imperativo ético social, que es constatado por la normativa del derecho internacional de los derechos humanos y toda la base empírica y científica que concluye que la pena de muerte es un programa gubernamental fallido, discriminatorio y arbitrario que además no previene otros delitos, nos desensibiliza y nos priva de nuestra humanidad’.

‘La pena de muerte no es la solución al problema de violencia que experimentamos. Ya es tiempo que las instituciones pertinentes hagan el trabajo que les corresponde. Exigimos del gobierno un plan amplio para mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico. Mientras la desigualdad social continúe incrementando, no haya un buen sistema de educación gratuita, no existan suficientes oportunidades de empleo, vivienda, culturales y sociales, esto no va a mejorar’, indicó la abogada Mariana Nogales Molinelli, directora del Comité Legal.

‘Apostar a la pena de muerte es la excusa perfecta para no hacer nada, no solucionar el problema de violencia y enfrentar nuevamente una tragedia como la que nos aqueja.’ Añadió.

‘Nos rompe el corazón la tragedia reciente y también la pérdida de todas las vidas que ocurre a diario en nuestro país. Tenemos que educar en derechos humanos, en principios éticos y morales, en la importancia de la responsabilidad social’, añadió Luis R. Ramos, vicepresidente de la organización. ‘Como humanistas seculares nos guiamos por principios éticos y de derechos humanos y por la razón y la ciencia.’

‘Hemos visto y escuchado las expresiones de un pueblo agotado y frustrado por los niveles de violencia en nuestro país. Muy respetuosamente hacemos un llamado a la razón, la calma y la compostura. A analizar estos lamentables hechos desde una perspectiva humanista y de derechos humanos. No podemos responder a la violencia con más violencia’, señaló Darío W. Ortiz, presidente de la organización.

Como humanistas reafirmamos el valor de todas las vidas y la la razón como herramienta para enfrentar nuestros problemas. El gobierno no puede convertirse en asesino y el pueblo tampoco.