A pesar de que el derecho constitucional de acceso a la información dicta que todo documento en poder del Gobierno se presume público, La Fortaleza le ordenó a los jefes de agencia que consulten con el Departamento de Justicia si tienen dudas sobre la divulgación de información pública. Dicha orden, confirmada de boca a NotiCel, permanece igual de secreta que los documentos a los que se intenta aplicar.

Esto coloca a la Administración García Padilla al mismo nivel que la Administración Bush en cuanto a las limitaciones de acceso a la información, una movida mucho más grave en Puerto Rico porque aquí el derecho de acceso a la información es de rango constitucional y que opera como una presunción por lo que se supone que las dudas se resuelvan al revés de como dicta la nueva orden: se supone que las dudas se resuelvan a favor de la apertura.

Ante el reclamo público para que tanto el Ejecutivo como el Departamento de Hacienda divulgue el informe rendido a finales de octubre por la firma de consultores KPMG, la Fortaleza emitió una comunicación a los jefes de agencia y directores ejecutivos de las corporaciones públicas el pasado 10 de noviembre indicándoles que ,’en caso de que alguna agencia tenga duda sobre el particular, como en este caso, se solicite una opinión al Secretario de Justicia’, indicó la directora de Comunicaciones del Departamento de Hacienda, María Quintero Herencia.

‘Dicha carta fue emitida por el secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colberg Toro, y el secretario de Prensa, Jesús Manuel Ortiz, para comunicar a los Secretarios, Jefes de Agencia y Directores Ejecutivos de Corporaciones Públicas’, detalló Quintero Herencia.

Hasta el momento, La Fortaleza no ha provisto copia de la comunicación que emitieron a los jefes y directores ejecutivos. Al ser confrontado por este diario, Ortiz describió la carta como un ‘memo’, e indicó que tenía que verificar si el mismo podía ser divulgado.

Según Quintero Herencia, la consulta ya fue remitida al Departamento de Justicia ayer miércoles, un día después de que este diario insistiera nuevamente en el acceso al informe de KPMG.

En esa línea, Quintero Herencia, manifestó que, ‘el informe de KPMG sobre la Reforma Contributiva es aún un borrador o documento de trabajo sobre el cual no se han tomado decisiones finales, tal como hemos indicado anteriormente. Dado que aún dicho lo anterior se plantea una duda o controversia sobre si es o no un documento público, hemos solicitado al Secretario de Justicia una Opinión Consultiva sobre la pertinencia legal o no de la divulgación de la información solicitada’.

En el caso de Ligia M. Ortiz Rivera y otros peticionarios v. Mercedes M. Bauermeister, el Tribunal Supremo dictaminó que, ‘en la medida en que todo ciudadano tiene el derecho a inspeccionar cualquier documento público, el acto de denegar el acceso, por sí mismo, causa al solicitante un daño claro, palpable y real. Cuando el Estado injustificadamente impide al ciudadano inspeccionar un récord público, lesiona su derecho fundamental a estar informado. Derecho a su vez inherente y necesario para el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales de libertad de expresión, asociación y de pedir al gobierno reparación de agravios. Resulta claro entonces, que el ciudadano que no logra acceso a un documento público por razón de un reclamo de confidencialidad del Estado, tiene, cuando menos, legitimación activa para cuestionar la validez del obstáculo que se interpone al ejercicio de sus derechos constitucionales’.

La propia Constitución de Puerto Rico dispone que, ‘no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios’.

Más aun, la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, indica que los documentos que se originen, conserven o reciban en todas las dependencias del Gobierno en relación con el manejo de asuntos públicos, sobre transacciones o que tenga algún valor legal, son públicos.