Luego que la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobara una resolución para decretar una moratoria en las ejecuciones por pena de muerte, miembros de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte, condenaron que la jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, no descarte solicitar la certificación para la pena capital contra los imputados por la masacre de Guaynabo, Christopher Sánchez Asencio y Jose Bosch Mulero.

El pasado

Uno de los casos más recientes ocurrió en 2013, cuando Alexis
Aunque la fiscalía federal ha argumentado que la pena de muerte ‘es lo que Puerto Rico necesita para resolver el problema de la criminalidad’, Ramírez Hernández resaltó que en Florida y Texas, estados donde más se aplica este castigo, no se ha logrado reducir la incidencia criminal.
‘Nosotros nos oponemos a la pena de muerte. Y creemos que la solución a la violencia en Puerto Rico no es más violencia. Precisamente la solución es educar en contra de la violencia. Así es que es un doble mensaje (el de la fiscalía federal), por un lado no queremos violencia, pero para que no haya violencia vamos a ser violentos’, sentenció Ramírez Hernández.
Asimismo, coincidió Román Espada, quien expuso que Rodríguez debe ser comedida en hacer expresiones en favor de la pena capital en la isla, cuando la Constitución de Puerto Rico rechaza este tipo de castigo y en al menos siete ocasiones los jurados puertorriqueños no le han dado paso a este tipo de veredicto.
La Constitución de Puerto Rico dispone en su artículo II, sección 7, que, ‘se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo’.
Mientras, Rodríguez afirmó que si se certifica este caso para la pena de muerte, no debe interpretarse como una afrenta al sistema estatal sino como un cumplimiento con la ley federal.
Pero para Román Espada, ‘lo que no dice la honorable Jefa de fiscales, es que este caso ya está en la jurisdicción estatal…Y que uno de los imputados ya está aceptando responsabilidad (Bosch Mulero), y yo creo que es anticipable un resultado de convicción en la jurisdicción estatal. O sea, qué se quiere lograr entonces? Si a nivel estatal existe la prueba, la investigación está muy adelantada, existe inclusive un testigo, que lamentamos profundamente la angustia de este muchacho (el menor sobreviviente de 13 años), a quien le expresamos nuestra más profunda solidaridad…La única razón para asumir jurisdicción, es la posibilidad de imponer la pena de muerte’.
Al ser abordado sobre lo que la periodista Naomi Klein describe como ‘La Doctrina del Shock’, que ocurre cuando hay sectores que se aprovechan de incidentes como el de la masacre de Guaynabo para imponer a los ciudadanos medidas basadas en el miedo, la fuerza y la represión, Román Espada, expresó que la experiencia con este tipo de respuesta, es que no han logrado resolver los problemas que se enfrentaban en esos momentos de crisis.
Por su parte, Gutiérrez manifestó que tampoco le extrañaba que Rodríguez esté buscando establecer un nuevo caso de pena de muerte en la Isla.
‘Ella está utilizando el impacto que tuvo este incidente en la sociedad, para pasarnos una solución entre comillas, que ha sido rechazada consistentemente, pero que ella probablemente entiende, que precisamente como lo que dice la Doctrina del Shock, en este momento puede conseguir ese veredicto. Y yo no sé porque los fiscales federales tienen, lo que parecería, una obsesión con imponer la pena de muerte… Es una obsesión porque está más que probado que la pena de muerte no resuelve la criminalidad. Obsesión en el sentido de que consistentemente aun en casos terribles, los jurados puertorriqueños han rechazado esta opción, a nivel de que en un momento dado la propia fiscalía federal, dijo que no iba a perseguir más la pena de muerte en el país. Obsesión porque nosotros tenemos una Constitución (que lo rechaza), y nosotros no somos un estado federado, nosotros somos un territorio colonial’, puntualizó Gutiérrez.
De otro lado, Ramírez Hernández, indicó que el gobierno de Puerto Rico debe aprovechar el caso de la masacre de Guaynabo para establecer una sana política en contra de la criminalidad. En ese sentido, destacó que uno de los grandes retos es trabajar con la inequidad o desigualdad social.
‘A través de los años, uno ha visto que el pobre está más pobre, y el rico más rico. Y esas inequidades, y esos mensajes mixtos que reciben (los ciudadanos) a través de los medios, de que hay que comprar un carro y el carro tiene que ser caro, que hay que comprar un televisor plasma, todas estas cosas, crean la ansiedad de querer tener cosas. Y obviamente si uno no tiene empleo, no puede tener esas cosas. Y eso lleva a muchas personas a la criminalidad, no necesariamente a matar, pero vamos a decir, a vender drogas o hacer una serie de otras cosas, que eventualmente te lleva a ese nivel, por las competencias que se forman entre las personas que están en ese mundo’, apuntó Ramírez Hernández.
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Uno de los casos más recientes ocurrió en 2013, cuando Alexis Candelario Santana, se salvó de la pena de muerte por un solo voto en contra de uno de los miembros del jurado. A Candelario Santana se le atribuyó ser el responsable de 22 asesinatos. El hombre fue condenado a pasar el resto de sus días en prisión por la masacre de la Tómbola, en la que murieron nueve personas, incluyendo un bebé que todavía se encontraba en el vientre de su madre.

Aunque la fiscalía federal ha argumentado que la pena de muerte ‘es lo que Puerto Rico necesita para resolver el problema de la criminalidad’, Ramírez Hernández resaltó que en Florida y Texas, estados donde más se aplica este castigo, no se ha logrado reducir la incidencia criminal.

‘Nosotros nos oponemos a la pena de muerte. Y creemos que la solución a la violencia en Puerto Rico no es más violencia. Precisamente la solución es educar en contra de la violencia. Así es que es un doble mensaje (el de la fiscalía federal), por un lado no queremos violencia, pero para que no haya violencia vamos a ser violentos’, sentenció Ramírez Hernández.

Asimismo, coincidió Román Espada, quien expuso que Rodríguez debe ser comedida en hacer expresiones en favor de la pena capital en la isla, cuando la Constitución de Puerto Rico rechaza este tipo de castigo y en al menos siete ocasiones los jurados puertorriqueños no le han dado paso a este tipo de veredicto.

La Constitución de Puerto Rico dispone en su artículo II, sección 7, que, ‘se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo’.

Mientras, Rodríguez afirmó que si se certifica este caso para la pena de muerte, no debe interpretarse como una afrenta al sistema estatal sino como un cumplimiento con la ley federal.

Pero para Román Espada, ‘lo que no dice la honorable Jefa de fiscales, es que este caso ya está en la jurisdicción estatal…Y que uno de los imputados ya está aceptando responsabilidad (Bosch Mulero), y yo creo que es anticipable un resultado de convicción en la jurisdicción estatal. O sea, qué se quiere lograr entonces? Si a nivel estatal existe la prueba, la investigación está muy adelantada, existe inclusive un testigo, que lamentamos profundamente la angustia de este muchacho (el menor sobreviviente de 13 años), a quien le expresamos nuestra más profunda solidaridad…La única razón para asumir jurisdicción, es la posibilidad de imponer la pena de muerte’.

Al ser abordado sobre lo que la periodista Naomi Klein describe como ‘La Doctrina del Shock’, que ocurre cuando hay sectores que se aprovechan de incidentes como el de la masacre de Guaynabo para imponer a los ciudadanos medidas basadas en el miedo, la fuerza y la represión, Román Espada, expresó que la experiencia con este tipo de respuesta, es que no han logrado resolver los problemas que se enfrentaban en esos momentos de crisis.

Por su parte, Gutiérrez manifestó que tampoco le extrañaba que Rodríguez esté buscando establecer un nuevo caso de pena de muerte en la Isla.

‘Ella está utilizando el impacto que tuvo este incidente en la sociedad, para pasarnos una solución entre comillas, que ha sido rechazada consistentemente, pero que ella probablemente entiende, que precisamente como lo que dice la Doctrina del Shock, en este momento puede conseguir ese veredicto. Y yo no sé porque los fiscales federales tienen, lo que parecería, una obsesión con imponer la pena de muerte… Es una obsesión porque está más que probado que la pena de muerte no resuelve la criminalidad. Obsesión en el sentido de que consistentemente aun en casos terribles, los jurados puertorriqueños han rechazado esta opción, a nivel de que en un momento dado la propia fiscalía federal, dijo que no iba a perseguir más la pena de muerte en el país. Obsesión porque nosotros tenemos una Constitución (que lo rechaza), y nosotros no somos un estado federado, nosotros somos un territorio colonial’, puntualizó Gutiérrez.

De otro lado, Ramírez Hernández, indicó que el gobierno de Puerto Rico debe aprovechar el caso de la masacre de Guaynabo para establecer una sana política en contra de la criminalidad. En ese sentido, destacó que uno de los grandes retos es trabajar con la inequidad o desigualdad social.

‘A través de los años, uno ha visto que el pobre está más pobre, y el rico más rico. Y esas inequidades, y esos mensajes mixtos que reciben (los ciudadanos) a través de los medios, de que hay que comprar un carro y el carro tiene que ser caro, que hay que comprar un televisor plasma, todas estas cosas, crean la ansiedad de querer tener cosas. Y obviamente si uno no tiene empleo, no puede tener esas cosas. Y eso lleva a muchas personas a la criminalidad, no necesariamente a matar, pero vamos a decir, a vender drogas o hacer una serie de otras cosas, que eventualmente te lleva a ese nivel, por las competencias que se forman entre las personas que están en ese mundo’, apuntó Ramírez Hernández.

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