En el contexto del día internacional de los derechos humanos, un grupo de estudiosos e investigadores de la pobreza en Puerto Rico, advirtieron sobre el atraso que enfrenta el país respecto a los derechos humanos, debido a que casi la mitad de su población sufre las consecuencias de la exclusión y la violencia a causa de la pobreza.

En un país cuyo 42% de la población vive bajo condiciones de pobreza, las políticas de austeridad y medidas impositivas que ha adoptado el Gobierno ante el déficit fiscal y el endeudamiento público, amenazan con crear mayor pobreza. La advertencia, que pudiera ser despachada por algunos como una exageración alarmista, es el resultado del análisis que han hecho – por separado – un grupo de licenciados, trabajadores sociales, planificadores y líderes comunitarios, quienes compartieron el miércoles durante el evento ‘Voces de la pobreza’, que convocó el Departamento de la Familia (DF).

El evento forma parte de la visión de la Secretaria del DF, Idalia Colón Roldán, quien ha promovido política pública enraizada en la autosuficiencia de las familias y la autogestión comunitaria. Mientras la agencia enmienda sus reglamentos a esos fines, el equipo fiscal dentro de la misma administración impone otras políticas que dificultan la transición de la clase dependiente del país.

La licenciada María Dolores Fernósexhortó a los presentes a que estén pendientes a la Reforma Contributiva que se está proponiendo y que ha percolado a cuentagotas en la discusión pública. Sustituirla contribución sobre ingresos por una contribución sobre el consumo de entre 14 a 20% ‘debe preocuparnos enormemente’, dijo.

‘Es una medida que creará más pobreza entre los ya pobres, creará nuevos pobres y hará a los ricos más ricos todavía’, destacó, al tiempo que recordó que dentro de la clase pobre, la mayoría son mujeres jefas de familia.

Fernós mencionó que la contribución sobre ingreso es uno de los pocos mecanismos que tienen los países para que quienes tienen mayores ingresos aporten más al Estado, mientras quienes reciben menos, aporten menos. ‘Es un mecanismo sabio y justo de redistribución de la riqueza en un país’, explicó.

Por el contrario, un sistema como el IVU o elIVA, en el que todos aportan lo mismo al momento de comprar el producto o el servicio, creará ‘mucho más desigualdad’. En parte porque son los pobres quienes gastan una mayor parte o todo su ingreso en el consumo.

Nelson Santos Torres, líder comunitario en la Bahía de Jobos de Salinas, también llamó la atención sobre este ‘ciclo vicioso’, en donde se utiliza al pobre para amenazar a la clase media y para beneficiar a unos intereses particulares. Este ciclo conlleva ‘tener que consumir cada vez más obligando a tener que trabajar más’ en una condición casi esclavizante.

‘El pobre no es solo un ser sin poder adquisitivo para el consumo, sino un ser descartado’, denunció Santos Torres, al mencionar que la condición empeoraría con la aprobación de la ‘crudita’ o el impuesto sobre el barril del petróleo, que pudiera encarecer los costos de la transportación, que resulta vital para tener acceso a la salud y al empleo.

Sobre el modo en que la Administración García Padilla ha manejado el estudio del sistema contributivo del país, el licenciado EfrénRivera Ramos lamentó que se está ‘muy lejos del reconocimiento del deber del Gobierno de rendir cuentas y actuar con transparencia en relación a las comunidades más desventajadas’. ‘Falta la explicación clara y sin rodeos de por qué se adopta determinada política pública’, comentó el licenciado, quien minutos antes había destacado que la participación política es también un derecho humano.

Las dos asesoras de La Fortaleza en tema de Bienestar Social, la licenciada Irisel Collazo y la licenciada Amaris Torres, estuvieron presentes durante el panel.

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