El presidente de la entidad Humanistas Seculares de Puerto Rico (HuSe), Darío Ortiz, le envió el lunes una solicitud a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para que se les permita colocar junto a las exhibiciones y manifestaciones navideñas de corte cristiano un mensaje que represente a la comunidad no creyente y librepensadora de la Isla.

‘Los tribunales que componen la Rama Judicial están supeditados al cumplimiento constitucional de separación de Iglesia y Estado, libertad de culto y prohibición de establecimiento de la religión’. Indica además que ‘nuestro país contiene una diversidad de personas con variadas creencias y no creencias. Por eso, a nuestro mejor entender, el tribunal debe reflejar la mayor imparcialidad posible, entre otros principios que garantizan el acceso a la justicia’, indica la carta enviada a Isabel Llompart Zeno, directora administrativa de la OAT.

La organización criticó que durante fechas festivas como Acción de Gracias y Navidad se presten los espacios públicos de los distintos Tribunales de la Isla para ‘hacer proselitismo religioso con mensajes excluyentes, en contravención con la constitución estatal y la federal, y faltando al deber de imparcialidad que debe reinar en la casa de la justicia’.

De acuerdo con la licenciada Mariana Nogales Molinelli, secretaria y directora legal del grupo, ‘si bien es cierto que tribunales han determinado que ramas y agencias gubernamentales pueden colocar escenas navideñas en lugares públicos, para que sea legal y no violen la constitución deben permitir que grupos de otras creencias también compartan esos espacios públicos. De lo contrario, el gobierno estaría avalando y patrocinando una creencia religiosa sobre otras, y estaría censurando la libertad de culto y expresión de personas que no son cristianas o que no creen en dios, e incluso de otros grupos cristianos que están en contra de representaciones de figuras religiosas por considerarlo idolatría’.

Según los portavoces, en semanas recientes, el mismo debate se ha dado en otras jurisdicciones y los tribunales unánimemente han decidido que, si el gobierno abre la puerta para que se realicen manifestaciones y expresiones religiosas específicas en predios públicos, le abre la puerta a otras creencias y filosofías para hacer lo mismo.