Desde su salida del Palacio Ejecutivo en 2004, la exgobernadora Sila María Calderón ha procurado mantenerse al margen de la discusión político partidista, para centrarse en la labor que siempre le interesó más: el desarrollo de las comunidades marginadas, un proyecto que adoptó como prioridad durante su mandato. Pero quizá por tratarse de un espacio íntimo, entre universitarios, lamentó el martes pasado la parálisis en que otras administraciones relegaron a las ‘Comunidades Especiales’.

‘El dolor no tiene color’, resaltó Calderón, ante una clase de desarrollo comunitario en el Centro para Puerto Rico, como parte de una alianza conRutgers University. Su expresión se daba en el contexto de que algunos políticos ven las comunidades pobres en términos del beneficio que puedan obtener por la cantidad de votos, en lugar de atenderlo como un deber de derechos humanos.

‘La política partidista es enemiga de la transformación social’, aseguró la expresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), al mencionar que lamentablemente las prioridades han sido otras, pues depende mucho de la personalidad y filosofía política de la persona que esté en el poder.

Tan pronto Calderón tomó posesión como Gobernadora, en 2001, la primera pieza de política pública que firmó fue la Ley de Comunidades Especiales, que contaba con un presupuesto de $1,000 millones para desarrollar proyectos de infraestructura como la rehabilitación de viviendas, centros comunales y áreas recreativas, así como para invertir en capacitación y financiamiento de proyectos de desarrollo económico.

El programa fue criticado ampliamente por la oposición, que luego le adjudicó la descapitalizacióndel Banco Gubernamental de Fomento (BGF), cosa que Calderón negó rotundamente. La exdirectora Linda Colón también enfrentó una acusación relacionada al mal manejo de los fondos, que luego el Panel del Fiscal Independiente exoneró por considerar que el informe preparado en su contra ‘inducía a error’.

Pero quizá el golpe más fuerte que recibió la Oficina de Comunidades Especiales fue la falta de continuidad, y el posterior desmantelamiento a consecuencia de la Ley 7 de 2009. El panorama no es distinto bajo la administración García Padilla, que abrió una nueva oficina que se dedicaría solamente a capacitación de líderes, sin invertir en las comunidades.

Cuando un estudiante le preguntó qué hubiera hecho diferente para asegurar la permanencia del proyecto, pese a toda la turbulencia político partidista, Calderón expresó que su error fue no correr nuevamente para asegurarse de darle estabilidad.

Enfatizó que la transformación de las comunidades toma tiempo. ‘El cambio más grande estaba pasando, pero no se veía. Estaba pasando en el interior de las personas’, indicó quien aprendió que la planificación comunitaria no se puede forzar, tiene que venir de los mismos residentes. ‘Los pobres tienen que pensar cada día cómo sobrevivir. Planificar es un lujo’, reflexionó.

Sobre las condiciones en que se encuentran las personas de las comunidades, ante la creciente desigualdad económica, Calderón dijo que a veces se cuestiona: ‘por qué siguen votando si las condiciones no cambian?’