El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) hizo un allanamiento en las oficinas centrales de Doral Bank para obtener documentos relacionados al asesinato del exvicepresidente del banco Doral, Maurice Spagnoletti, asesinado el 15 de junio de 2011 por razones aun desconocidas.

El portavoz del FBI, Moisés Quiñones confirmó que hubo un allanamiento en Doral Bank pero no quiso comentar sobre la naturaleza de la información que se buscaba ni las oficinas específicas que se estaban allanando.

No obstante, una fuente interna del banco confirmó que el allanamiento está relacionado con el asesinato de Spagnoletti. Se espera que el banco emita unas declaraciones.

Por su parte, la fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, confirmó que con la orden de allanamiento se incautaron documentos, computadoras, discos duros y otros tipos de plataformas de archivo de datos, de las cuales podría obtenerse evidencia en una investigación criminal ‘que tiene que ver con posibles delitos federales’. Aunque declinó especificar, Rodríguez no descartó que entre ‘los posibles delitos federales’ se encuentre el de asesinato.

En expresiones escritas, la administración del banco indicó que el FBI diligenció el requerimiento de ‘cierta información en la sede principal de la institución’.

Se destacó que Doral está cooperando con las autoridades y ‘anticipamos la posibilidad de compartir más información sobre el objetivo de la investigación tan pronto sepamos más’.

Desde su asesinato, la familia de Spagnoletti ha dicho que su muerte se debio a que descubrió un supuesto fraude bancario y ello provocó que le amenazaran y le asesinaran en el 2011 a tiros. Esas alegaciones nunca se han podido probar.

La viuda e hija del banquero asesinado, Marisa y Lucy Spagnoletti, demandaron civilmente en el Tribunal federal a cuatro ejecutivos del Doral Bank y Doral Financial a quienes responsabilizaron del crimen pero esa demanda fue desestimada por la propia familia.

Los demandados fueron el presidente del Doral Bank, Glen Wakeman; el vicepresidente, director de cumplimiento y jefe legal, Enrique Ubarri Baragano; el director de seguridad, José Robles, y la vicepresidenta ejecutiva de operaciones, Annelise Figueroa. A estos se les atribuyó la muerte por negligencia o asesinato, agresión y conspiración para cometer agresión, ataque y conspiración para cometer ataque, daño emocional y el violación del RICO Act-de crimen organizado-, entre otros.

El año pasado, las autoridades federales habían advertido que tenían ‘buena evidencia’ en el caso pero que continuaban investigando.

El allanamiento ocurre a solo días de la fecha de vencimiento para que el gobierno local apele una decisión que le obliga pagarle al banco un reintegro de $230 millones.