La actual administración del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se lavó las manos por las transacciones de compraventa de terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) al desarrollador Juan Ramón Zalduondo, acusado por un gran jurado federal de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, ya que se hicieron durante pasadas incumbencias.

Según aclaró el secretario auxiliar de Planificación, Vicente Quevedo, las pasadas administraciones del DRNA pagaron a Zalduondo $12,662,000 de fondos estatales para adquirir 528.15 cuerdas de terreno en la reserva natural en tres fases. El TPL consiguió además un total de $19,488,000 de fondos federales para completar esas adquisiciones. Las negociaciones redundaron en $11.4 millones menos del valor de las tasaciones presentadas por por una entidad no gubernamental conocida como Trust for Public Land (TPL, por sus siglas en ingles).

La primera fase de compra de la finca de San Miguel de 263.77 cuerdas fue efectuada en agosto de 2007 bajo la incumbencia del exsecretario Javier Vélez Arocho a un costo de $2,962,000 de fondos estatales y $9,538,000 de fondos federales, para un total de $12,500,000. Ese fue el precio tras la negociación del TPL, ya que la tasación que presentó TPL fue por $15,600,000, explicó Quevedo.

La segunda fase de la finca de San Miguel de 147.1 cuerdas se hizo en diciembre de 2008 con una inversión de $5,200,000 de fondos estatales y $5,950,000 federales, para un total de $11,150,000. La tasación que presentó TPL fue de $15,950,000.

Para la tercera fase de San Miguel, hecha bajo la incumbencia del exsecretario Daniel Galán Kercadó, la compra costó $4,500,000 em fondos estatales y $4,000,000 federales, para un total de $8,500,000. La tasación presentada por TPL fue de $12,000,000.

Otra fase de San Miguel denominada 3(a) de 55 cuerdas estaba en calendario para compra bajo el pasado secretario Galán Kercadó. El TPL había conseguido $1,500,000 de fondos federales. No obstante, en septiembre de 2012, a pocos días de finiquitar la transacción, se detuvo el proceso por solicitud de la Junta de Directores de TPL y del DRNA debido a que salió a la luz pública la confiscación federal contra Zalduondo.

‘Los $1,500,000 de fondos federales que TPL consiguió fueron redirigidos para comprar otra propiedad de 89.9 cuerdas de los propietarios de Dos Mares Resort al este de la RNCEN. Esa transacción fue iniciada en la administración de Galán Kercado’, señaló Quevedo.

‘En mayo de 2013 se culminó esa compra a Dos Mares porque la presente administración entendió que se hizo un proceso distinto de diferenciar la forma en que se tasaban los terrenos de humedal y los de tierra firme que era más beneficiosa para el erario. Además, porque estaban en riesgo $1.5 millones si no se culminaba la transacción a mayo de 2013’, explicó el Secretario Auxiliar.

La compra a Dos Mares fue de $2,000,000 de fondos estatales y $1,500,000 de fondos federales, para un total de $3,500,000. El valor de tasación de TPL fue de $4,074,977.

‘Queremos aclarar una información provista a los medios por el senador Larry Seilhamer en el sentido de que el DRNA pagó $95 mil por cuerda de terreno cuando el precio debió aproximarse a los 45 mil dólares por cuerda. La información correcta es que el precio pagado por las mismas fue de $38,932 por cuerda de fondos combinados (estatales y federales)’, explicó Quevedo.

Ante las dudas surgidas por pasadas transacciones, el DRNA solicitó al TPL un nuevo tasador.

Por otra parte, la secretaria del DRNA, Carmen R. Guerrero Pérez -quien está inhibida del proceso de adquisiciones en la RNCEN por haber presentado oposición a los proyectos de Zalduondo y Dos Mares- hizo un referido a la contralora Yesmín M. Vadivieso, el 7 de mayo de 2014 solicitando una investigación sobre una transacción de servidumbre de conservación (concesión de créditos contributivos) dispensada al desarrollador Zalduondo para unas parcelas por las cuales el Departamento de Hacienda le dispensó un crédito de $2,225,000 por un valor de $4,510,000 en un predio de 112.46 cuerdas.