El oficial de emergencia, o síndico, contemplado en la Ley 1 de 2015, mejor conocida como la crudita, tiene preocupado a las autoridades federales ya que del Gobernador nombrar a una persona que asuma los poderes de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), se pudieran poner en peligro fondos federales.

El periódico Metro reporta que en una reciente carta que el Departamento de Transportación Federal envió al secretario del DTOP, Miguel Torres, advirtió que ‘la Administración Federal de Autopistas está preocupada de que la implementación de la Ley 1 de 2015, mediante la concesión de poderes del DTOP a un oficial de emergencia, pueda chocar con estatutos federales’.

‘Los poderes del oficial de emergencia y la manera en que estos serían implementados, tienen el potencial de confligir con leyes y regulaciones federales que requieren que sean el departamento de transportación estatal tome las decisiones finales en todos los asuntos relacionados en la administración del Programa de Ayuda Federal para Autopistas’, indica la carta.

La recién aprobada crudita, ley que, entre otras cosas, aumenta el impuesto al crudo del petróleo y sus derivados, faculta al gobernador Alejandro García Padilla nombrar un síndico que tendría entre sus poderes la modificación de contratos de proyectos federales.

Según el rotativo, de suspenderse algún proyecto, el gobierno local estaría en incumplimiento con leyes federales.

En la misiva, firmada por James Christian, manejador de división de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se añade que como los fondos federales no se usan para gastos que no estén sujetos a la ley federal, estos no se podrán usar para sufragar el aumento en costo que significaría la terminación de contratos.

Christian pidió trabajar de mano al Estado Libre Asociado para garantizar que la implementación de la ley sea haga de manera consistente con los requerimientos federales para el programa de ayuda.

Carta autoridades federales al DTOP_10508