El juez federal Jay A. García Gregory denegó una petición para disponer por la vía de sentencia sumaria de una demanda radicada por el guitarrista de Cultura Profetica y una exestudiante de la Universidad de Puerto Rico (UPR) contra la alta oficialidad policiaca por lesiones sufridas durante un motín ocurrido en el Capitolio el 30 junio del 2010 cuando se iba a aprobar el presupuesto del país.

García Gregory alegó que los demandados no pudieron probar que no hubiese controversia sobre los hechos materiales del caso en cuestión, y que por lo tanto no procedía disponer del caso por la vía de sentencia sumaria, sino que se tiene que ver en un proceso judicial.

Una petición de sentencia sumaria permite a los tribunales disponer de forma rápida de aquellos casos que no necesitan ser juzgados porque no existe controversia sobre los hechos materiales del caso. El juez hace su determinación usando las mociones, contestaciones a interrogatorios o deposiciones. Tanto el demandante como el demandado pueden solicitar la sentencia sumaria pero la parte actuante tiene que demostrar que no existe una verdadera controversia sobre alguno de los hechos materiales del caso.

Según se desprende del documento, los demandados, el exsuperintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, y los policías José Ortiz y Omar Medina, no pudieron probar que no se usó fuerza excesiva contra los demandados, o que los cobije algún tipo de inmunidad.

En diciembre del 2010, el guitarrista de Cultura Profética,Omar Silva Meléndez, y la trabajadora social Rachel Hiskes, quien el día del motín laboraba como reportera para un medio alternativo, solicitaron el pago de dañostras alegar que sufrieron lesiones graves como resultado de una acción de parte de la Policía de Puerto Rico, que fue patrocinada por los demandados con el fin de reprimir sus derechos legítimos de Primera Enmienda mediante el uso excesivo de fuerza.

En el caso de Figueroa Sancha, los demandantes alegan que este dio órdenes que resultaron en el uso de fuerza excesiva por parte de los uniformados e ignoró informes del Departamento de Justicia que apuntaban a defectos sistémicos en el Departamento de la Policía, como la falta de comunicación y la falta de entrenamiento a los policías para lidiar con motines.

Por los daños que alegan haber recibido en el motín, Silva y Hiskes solicitaron en su demanda una compensación de $500,000 para cada uno, así como $1 millón por daños punitivos. También pidieron que se costearan sus gastos legales.

Al tomar su determinación, García Gregory tomó en consideración que tanto Figueroa Sancha como los agentes están siendo demandados en su carácter personal, y no como oficiales del Departamento de la Policía, por lo que no pueden reclamar inmunidad contra demandas. Como regla general, la Policía tiene inmunidad contra demandas por llevar a cabo su trabajo, a menos que se demuestre una conducta injustificada y deliberada.

El Juez destacó que existe controversia sobre si la Policía usó fuerza excesiva contra los demandados. Al referirse a Hiskes, García Gregory dijo que, ‘su único delito parece haber sido sentarse frente a los detectores de metales en el Capitolio y rehusar moverse…’. Esto luego de que se le impidiera entrar a cubrir los procedimientos de la sesión.

De otra parte, el Juez determinó que hay controversia sobre la responsabilidad legal de Figueroa Sancha en su labor como supervisor, si se determina que hay una conexión entre la acción de los policías y su inacción como supervisor.

Orden juez García – NotiCel _10562