Líderes y residentes de varias comunidades de Puerto Rico presentarán el 2 de febrero un proyecto de ley con el fin de enmendar la Ley de Expropiación Forzosa. Entre las enmiendas que proponen, se encuentran mayores protecciones contra las expropiaciones arbitrarias y discriminatorias; y regular a traves de consultas comunitarias las expropiaciones para proyectos de desarrollo económico con contratistas privados.

La Ley actual, según la Exposición de Motivos del Proyecto, ‘carece de mecanismos para garantizar la participación de las comunidades afectadas, defensas adecuadas contra las expropiaciones arbitrarias, protecciones contra la especulación, y criterio de justa compensación más allá del valor de mercado’.

La coordinadora del Programa ProBono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dra. Adi Martínez Román, indicó que, ‘los tribunales locales y federales han dejado vulnerables a todas las comunidades, permitiendo la expropiación que beneficia los intereses privados. Por esto, tenemos que proteger a los puertorriqueños del uso del poder de expropiación para fines de especulación comercial y en detrimento de los derechos fundamentales de nuestro pueblo’.

El Programa ProBono ha asistido en la redacción del Proyecto mediante un proceso de autogestión legislativa, que se llevó a cabo mediante una serie de reuniones en las cuales se recopilaron e integraron las preocupaciones y propuestas de todos los participantes.

Entre los líderes comunitarios que están trabajando en esta iniciativa, están representadas las comunidades de Villa Cañona de Loíza; Vietnam, Sabana y Los Filtros de Guaynabo; Playita Villa Palmera y Hill Brothers de San Juan; Santa Clara y Sonadora de Aguas Buenas; Coquí de Salinas; Cambalache de Canóvanas, y Fernández García y Beatriz de Cayey. Durante las pasadas semanas, la comunidad de Vietnam, Guaynabo logró una importante decisión judicial que congeló las expropiaciones que estaba realizando el gobierno municipal.

Las comunidades buscan emular el éxito que tuvo una iniciativa similar en 2004 cuando se aprobó la Ley 232 para regular las expropiaciones en las Comunidades Especiales. ‘Esta nueva iniciativa protege no solamente a las comunidades de bajo ingreso,’ indica Luis Gallardo del Programa ProBono, ‘pero a todas las comunidades de la isla, incluyendo las de bajos y altos ingresos. Según el estado de derecho actual, la expropiación es uno de los procesos gubernamentales mas absolutistas, cerrados y arbitrarios que existen’.