Gilberto Arvelo, mejor conocido como Doctor Shoper y defensor de los derechos de los consumidores, junto con un grupo de ocho personas presentó el lunes una demanda de clase en contra de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la empresa Transcore Atlantic, operadora del sistema de AutoExpreso.

De acuerdo con Arvelo y los consumidores que le acompañan en la demanda, tanto la ACT como Transcore han desarrollado desde el 2003 un esquema para expedir y cobrar multas de AutoExpreso que debido a su ilegalidad y falta de cumplimiento con el debido proceso de ley, ‘son ilegales y nulas’.

‘Esta multas son ilegales y por lo tanto nulas, por lo que no son revisables ni pueden ser objeto de amnistías. Al cobrarla nos están estafando’, dijo Arvelo de manera airada.

El abogado en el caso, por parte de los demandantes es Ignacio García, cofundador de la Organización Pro Asuntos del Consumidor (OPAC).

De acuerdo con García, la ilegalidad de estas multas radica en que para ninguna de ellas ni la agencia de gobierno ni el operador del sistema cumplieron con el requisito de ley de una certificación juramentada por un funcionario o representante autorizado antes de que se notificara al conductor sobre su alegada infracción. Añadió además que una máquina no puede expedir multas, sino que debe ser un funcionario autorizado quien lo haga.

‘La prueba es clara y demuestra que la ACT y Transcore han administrado el sistema de AutoExpreso de forma contraria a la ley y los reglamentos. Han desarrollado un esquema para expedir y cobrar multas ilegales que no cumplen ni con la Ley de Tránsito ni con el debido proceso de ley’, sentenció el abogado.