La superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, Ana Cortes, indicó que la imposición del Impuesto por Valor Añadido (IVA) de un 16% a los servicios educativos privados como parte de la Reforma Contributiva sería devastador y representaría un pago triple por la educación de los estudiantes que reciben este servicio.

‘La mensualidad promedio que pagan los padres por los servicios educativos por hijo es de aproximadamente $300.00 dólares por mes. En diez mensualidades un padre estaría pagando solo en mensualidades $480.00 en impuestos por estudiante. Esto es sin contar el impuesto a las matrículas, cuotas, libros, entre otros. Nos consta que muchos padres no van a poder con esta carga por lo que se verían obligados a sacar a sus hijos e hijas de los colegios.

Destacó que una baja considerable en la matrícula implicaría desde despidos de empleados, reducción de beneficios y pudiera poner en riesgo la existencia de algunas escuelas.

‘Es un mito pensar que la mayoría de los estudiantes de las escuelas católicas son ricos o que las escuelas privadas sirven principalmente a las élites. Esto no es cierto. En su mayoría nuestras escuelas prestan servicios a padres y madres que hacen un gran sacrificio para costear la educación de sus hijos e hijas. La mayoría de nuestras escuelas sirven a las clases media, obrera y otras a las clases más pobres. Aquellas escuelas consideradas de clase alta, nos consta que ofrecen muchas becas a los pobres y ayudan económicamente a otras escuelas pobres. Todo esto es un alivio para el gobierno’, añadió.

Sentenció que otro mito es pensar que las escuelas católicas ‘están ricas. La mayoría de nuestras escuelas están padeciendo los altos costos operacionales a consecuencias de las altas tarifas de agua, luz, teléfono y tecnología’.

Para la Superintendente, ‘aunque la propuesta se ha presentando como un impuesto a los servicios de educación privada, en realidad es un impuesto a los estudiantes; es un impuesto por estudiar en una escuela privada; un impuesto por optar por escuelas que no sean las del Estado.’

Del lado de los universitarios, el estudiante de maestría de la Universidad del Este y miembro del grupo en Facebook ‘No IVA Universitario’, Héctor O’Neill Ramos, señaló que ‘muchos estudiantes están entre seguir trabajando en un part-time o continuar endeudándose con préstamos estudiantiles (para poder estudiar)’

También adviertió que algunos hasta están considerando bajar la carga académica a solo 12 créditos, que es el mínimo establecido para ser elegible para la Beca Pell, lo que llevaría a un retraso para poder completar un grado académico.

O’Neill Ramos reconoció que el IVA no solo afectaría los gastos por los costos de matrícula sino también en la adquisición de productos, por ejemplo, los libros que tampoco estarían exentos y rechazó que los propuestos reembolsos para atender la regresividad del impuesto sean suficiente para poder palear el alza en el costo de vida.

A su vez, la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón, Ashley Camacho, afirmó que ‘para mí el valor añadido tiene que ser la educación. El futuro de generaciones está en peligro’.

Detalló que este próximo domingo los consejos de estudiantes de distintas universidades se estarán reuniendo en la Universidad de Puerto Rico (UPR) para establecer un plan de trabajo y ver de qué manera pueden llevar sus reclamos y propuestas al gobernador Alejandro García Padilla, para evitar la implantación del IVA.

Por su parte, el director ejecutivo de Red Técnica Universitaria de Puerto Rico, Raúl Rodríguez Quiles, manifestó que si se aplica el IVA a la educación privada muchos estudiantes podrían estar considerando darse de baja porque ya utilizan el 100% de los beneficios de la Beca Pell.

Sostuvo que el panorama resulta más complicado para los estudiantes que no se hospedan y viajan diariamente a las instituciones educativas, pues próximamente sufrirán un alza en el costo de la gasolina debido a la aprobación de la crudita.

El presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico (ACU), Jorge Iván Vélez Arocho, señaló que aunque reconocen que existe una necesidad para allegarle fondos al Estado, reducir la deuda pública y hacer una Reforma Contributiva que le dé alivios a los sectores más marginados, se oponen a que la UPR esté exenta de pagar el IVA, pero no así las instituciones privadas.

Según Vélez Arocho, las universidades privadas sirven a una proporción mayor de estudiantes provenientes de sectores desventajados en el que, por ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico el 85% reciben la Beca Pell y argumentó que los únicos que terminan recibiendo sobrantes de dicho beneficio son los estudiantes de la UPR.

Recordó que 9.6% de los recaudos del Fondo General se destinan para la UPR, lo que a su entender les permite mantener los costos del crédito relativamente bajos en comparación con las instituciones privadas.

Debido a este cuadro, Vélez Arocho reclamó que si va haber exenciones del IVA para la educación tiene que ser lo mismo tanto para instituciones privadas como públicas.

‘Si nosotros queremos que las universidades apoyen al desarrollo económico-social del país, tienen que poner a las instituciones en posición de poder admitir más estudiantes, y que los estudiantes tengan acceso a la universidad a costos razonables’, puntualizó Vélez Arocho

Destacó que en las escuelas públicas hay una crisis de recursos, principalmente de maestros, por lo que el éxodo de estudiantes de los planteles privados hacia los planteles del Estado no sería algo factible.

Argumentó, además, que existen estadísticas que demuestran el fracaso de los estudiantes en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA).

Entretanto, líderes estudiantiles de distintas organizaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana se unieron en la Coalición por la Educación, la cual persigue eximir la educación privada en todos los niveles del Impuesto al Valor Añadido (IVA).

Entre las organizaciones que forman parte de la Coalición están Organización Estudiantil Sobre Asuntos Legislativos y Política Pública (OESAL), Consejo de Estudiantes (CE), Movimiento Pro Justicia Social (MPJS), Revista de Estudios Críticos del Derecho (CLAVE), y la Clínica de Educación y Participación Ciudadana.

‘Luego de evaluar el Proyecto del Senado 1304 y asegurarnos que lo manifestado públicamente a los efectos de que la inclusión de la enseñanza privada en todos los niveles figura entre la nueva base contributiva, expresamos nuestro más fuerte rechazo a la misma. El no contar con un sistema de educación pública de calidad en nuestra Isla, obliga a que miles de padres hagan esfuerzos para pagar educación privada a sus hijas e hijos, el efecto de este impuesto será devastador para esos padres y estudiantes’, sostuvo uno de los directores de la Coalición, Anthony Maceira Zayas.

Añadió que, ‘en cuanto a nosotros los estudiantes de universidades privadas, ya enfrentamos costos altísimos, teniendo que recurrir en muchas ocasiones a endeudamientos para poder alcanzar nuestras metas académicas, sin ser una carga económica para el estado y poder aportar en un futuro. Daremos la batalla en todos los frentes para que se excluya la educación privada en todos los niveles de la aplicación del impuesto propuesto’.

El estudiante de derecho indicó finalmente que se han comenzado comunicaciones con líderes de otras organizaciones estudiantiles de las distintas universidades y escuelas privadas para establecer estrategias y propuestas. Además invitó a seguir el movimiento #CoaliciónPorLaEducación en redes sociales, y a comunicarse a través del correo electrónico maceira74d@gmail.com.