Alberto Torres no tardó en reconocer el lugar donde el gobernador Alejandro García Padilla emitió hace unos días su mensaje sobre transformación del sistema contributivo: una de las fábricas de uniformes militares de Propper International, empresa que lo despidió en 2009 luego de apoyar los esfuerzos por unionar al personal de la planta de Adjuntas.

García Padilla dio su mensaje desde las instalaciones de Propper International en Cabo Rojo, donde según dijo se han creado más de 2,000 empleos. De ser cierta la cantidad de puestos, esas personas no dispondrán de los mismos beneficios que el personal de otras industrias, y se podrían exponer a condiciones de trabajo muy precarias.

A Propper International se le ha acusado de no tener agua en sus instalaciones, de reducir la hora de almuerzo y negar días de vacaciones, explicó Víctor Vélez, abogado que llevó un caso en contra de la empresa y quien recordó que, debido al hacinamiento, trabajadores se quejaban de sufrir calores extremos en sus instalaciones.

‘No había papel de baño, a veces había que trabajar los días de vacaciones, tenías supervisores con reloj mientras hacías las piezas, intimidaban al trabajador. Pagaban el mínimo o por producción’, recordó el ex empleado Alberto Torres, quien llevó un caso en contra de esa empresa ante la Junta Laboral Federal por persecución y que ahora trabaja para un sindicato.

Ninguna de esas denuncias ha dañado la buena relación entre el gobierno de Puerto Rico y Propper International; empresa de Missouri con alrededor de 30 años operando en la isla como una de las mayores manufactureras de uniformes militares y que es, además, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

No solo García Padilla grabó su mensaje desde una de sus instalaciones en Cabo Rojo, sino que actualmente la empresa goza de nueve contratos con la Compañía de Fomento Industrial, varios firmados bajo la pasada administración y algunos con vigencia hasta 2021 y que en total suman $9,519,564 millones todos exentos de ‘servicios, arrendamientos, hipotecas y ventas’, indica el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

‘Me molesté (al ver el lugar desde donde el gobernador emitió su mensaje) porque nosotros hemos llevado la voz a los dos administraciones, y deberían saber que los trabajadores están peleando contra Propper en Cabo Rojo’, dijo Torres.

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