Tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, como el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, mostraron total desconocimiento sobre el referido que hiciera la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, al Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo para evaluar las expresiones que hiciera el Secretario en torno a mantener intactas las Leyes 20 y 22, mientras una de sus empresas se beneficia de uno de estos incentivos.

Al ser abordado por este diario, Perelló, manifestó que, ‘no he visto el referido, no tengo conocimiento sobre el mismo’. De este modo, rechazó emitir más comentarios.

En término similares se expresó Zaragoza Gómez. ‘No sabía nada de eso… la verdad es que tendría que analizarlo’, señaló el funcionario tras solicitarle una reacción.

Este diario reportó hoy miércoles el aparente conflictivo entre la justificación de Zaragoza Gómez para mantener inalterados los incentivos a inversionistas en la propuesta Reforma Contributiva a pesar de las múltiples recomendaciones para revisarlos, en momentos en que una de las empresas (Zaragoza <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>& Alvarado, PSC) en las que tiene intereses, bajo un fideicomiso ciego, actualmente recibe los beneficios de la Ley 20./p

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Mientras el Secretario desconoce el referido de la OEG, el activista Hiram Torres Montalvo anunció la radicación de una querella en su contra ante el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) por la publicación de, por lo menos, dos decenas de anuncios engañosos relacionados a los alegados beneficios que tendrá la imposición del impuesto de valor añadido (IVA)./p

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La querella y solicitud de investigación fue radicada el pasado 13 de febrero./p

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‘En las últimas semanas hemos visto un derroche de miles de dólares de fondos públicos para costear una campaña mediática, por parte del Departamento de Hacienda, para promover el IVA en el pueblo, esto a pesar de que aún no se conoce con certeza la gravedad del daño que el IVA causará en nuestra maltrecha economía. Los anuncios en definitiva llevan un mensaje distorsionado y manipulado hacia el consumidor, y su único propósito es servir como propaganda del Estado. Por ende, son anuncios falsos’, señaló Torres Montalvo en un comunicado de prensa./p

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La querella es sometida bajo las disposiciones de la Ley Número 5 de 1973, conocida como la Ley Orgánica de DACO, y la cual estipula que cualquier anuncio con contenido falso será catalogado como uno ilegal./p

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‘Nuestra solicitud es que se investiguen los anuncios hechos por el Departamento en los medios radiales y en la prensa escrita a favor del IVA. Es nuestro parecer que dicha campaña no está basada en información fáctica, ni en estudios económicos serios sobre el efecto nefasto del IVA. Por tal razón entendemos que dichas pautas publicitarias deben ser catalogadas como engañosas. Esto está dirigido a confundir al consumidor con técnicas de ‘brainwash’ (lavado de cerebro)’, añadió./p

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Según Torres Montalvo, DACO cuenta con la jurisdicción necesaria para investigar el asunto. La Regla 7 del mencionado reglamento establece que la violación consiste al representar una oferta que confunde y oculta datos relevantes al consumidor./p

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‘Es obvio que esta es una oferta que se trata de hacerle al pueblo. Es igual de evidente que es falsa representación pues no hay ninguna oferta final, es solo un proyecto de ley qué sufrirá cientos de enmiendas. Mi exhortación al secretario del DACO (Nery Adames) es que actué a favor del consumidor y declare engañosos estas pautas’, terminó diciendo./p

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Las multas por anuncios engañosos pueden fluctuar entre los $400 y $10,000./p

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