El propuesto aumento de 20 por ciento en los aranceles por el trámite de acciones civiles no afectará la labor de organizaciones Pro-Bono que trabajan procesos legales civiles en los tribunales para los necesitados, pues estos están exentos por ley del pago de aranceles, pero sí aumentará las tarifas de los abogados privados

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Los aumentos en los aranceles tienen que ir a la aprobación de la Legislatura, en donde legisladores entrevistados dijeron que aunque tienen que ver los mismos, entienden que son necesarios. Algunos abogados en la práctica privada dijeron no tener otra opción que conformarse pero advirtieron que los cambios encarecerán los servicios, lo cual podrialimitar el acceso a la justicia.

‘Tengo que cobrar más si se aprueba para incluir esos gastos,’ dijo José Cortes, un abogado consultado por NotiCel, quien opinó que los cambios ‘no son tan excesivos pero en una economía que sufre no está bien.’

La abogada Yaira Montalvo, quien lleva casos de familia, dijo que aunque tenía que ver los cambios, los mismos podrían tener el resultado de reducir las demandas o procesos civiles al impedir el acceso a los tribunales. No obstante, destacó que a los Tribunales les hace falta el dinero porque se han visto en la necesidad de reducir servicios.

El Tribunal Supremo aprobó la propuesta de la jueza presidenta Liana Fiol Matta para aumentar los aranceles por el trámite de acciones civiles y otros conceptos en una votación dividida. La propuesta de Fiol Matta contó con el voto de los jueces asociados Rafael Martínez Torres y Roberto Feliberti Cintrón, Anabelle Rodríguez y Maite Oronoz.

El Alto Foto aprobó también enmiendas al Reglamento de Personal para eliminar y congelar el pago de beneficios marginales.

Los jueces asociados Mildred Pabón Charneco, Erick Kolthoff, Edgardo Rivera García y Luis Estrella escribieron opiniones disidentes cuestionando la decisión al destacar que se afecta el acceso a la justicia de los ciudadanos y la autonomía presupuestaria.

Pabón Charneco recalcó que la acción viene ‘en momentos en que es evidente que el Pueblo no aguanta más’.

Estrella se quejó que los Tribunales debieron implantar mecanismos de disciplina fiscal antes de hacer los cambios. ‘(Se debe hacer un plan) ‘que verdaderamente se sacrifiquen todos los sectores poderosos de la Rama Judicial que se nutren de millones de dólares –entiéndase suplidores, contratistas y arrendadores de edificios con cánones sobrevalorados’.

Los cambios vienen luego de un recorte de 14 por ciento en el presupuesto de la Rama Judicial.

Entre los aumentos destacan:

– Pleito civil contencioso ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), excepto en demandas de alimento a favor de menores, aplicable a la parte custodia o a ambas partes si comparecen en conjunto pagará a quien se reclama, aumenta a $60 en las salas municipales y $90 en las salas superiores. Actualmente es $50 y $75 respectivamente o 20 por ciento.

– Primera alegación de la parte demandada en pleito civil ante el TPI, excepto el recurso de expropiación forzosa será de $60 en las salas municipales y $90 en las salas superiores. Actualmente es $50 y $75 respectivamente, un aumento de 20 por ciento en ambos casos.

– Petición de divorcio por consentimiento mutuo ante el TPI será de $78 de $65 o 20 por ciento.

– Declaratoria de herederos ante el TPI costará $78 de $65, un aumento de 20 por ciento.

– Recursos extraordinarios, excepto habeas corpus pagarán $90 de $75, un aumento de 20 por ciento.

– Por cada oposición de cualquier parte en recursos extraordinarios, excepto habeas corpus costará $90 de $75, un aumento de 20 por ciento.

– Escrito de promoción de expediente de jurisdicción voluntaria ante el TPI pagará $78 de $65, un aumento de 20 por ciento.

– Solicitud de intervención u oposición de procedimiento de jurisdicción voluntaria pagará $78 de $65, un aumento de 20 por ciento.

– Demanda por desahucios por falta de pago ante el TPI costará $60 de $50, un aumento de 20 por ciento.

– Demandas en reposición de bienes muebles ante el TPI costará $90 de $75, un aumento de 20 por ciento.

– Cada recurso de revisión de multas administrativas bajo la Ley de Tránsito pagará $6 de $5 o de 20 por ciento.