El presidente de la Junta Administrativa del Fondo para Acceso a la Justicia, Carlos Del Valle Cruz, le envió su renuncia al gobernador Alejandro García Padilla, alegando que a pesar de la creación por ley de la instrumentalidad, no se asignaron fondos para ejercer sus funciones.

‘El objetivo de la Ley 165 es promover los servicios que prestan entidades sin fines de lucro que ofrecen ayuda legal para personas pobres mediante la creación de una fuente independiente, recurrente y adicional de fondos. En las reuniones en que hemos participado como integrantes también de la Comisión de Acceso a la Justicia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se nos ha hecho todavía más evidente – dada la situación fiscal del país – la apremiante necesidad de que el Fondo pueda lograr su fin estatutario de levantar fondos de fuentes alternas para promover el acceso a la justicia. Ante la inequidad económica que caracteriza nuestra composición social, esta política pública es una cuestión de justicia social para el país’, reza parte de la misiva de Del Valle Cruz.

Del Valle Cruz fue nombrado por García Padilla el 24 de junio de 2014.

Según el renunciante, el pasado 4 de septiembre de 2014, le escribió a García Padilla indicando que el Ejecutivo, a pesar de sus ‘incansables esfuerzos’, no había cumplido con el mandato legislativo de otorgar al Fondo ‘una asignación inicial y única de trescientos mil dólares ($300,000) para poder iniciar sus labores administrativas’.

Trascendió que luego de esa asignación inicial, la Junta sería autosuficiente en su administración y funciones.

‘Por último, subrayé la imperiosa necesidad de corregir dicha situación a la mayor brevedad para subsanar el existente ‘desfase entre las expresiones sobre el Fondo y su irrealidad operacional’. Al día de hoy, llegando a los seis meses, nada ha cambiado. El Fondo sigue sin la asignación del presupuesto dispuesto por ley y, en consecuencia, aparte del apoyo circunscrito del Secretario de Justicia (César Miranda), la Junta ha estado carente de la capacidad de cumplir con la ley. Ante dicha situación, razones éticas, jurídicas y de justicia social obligan a este humilde pero íntegro funcionario a renunciar a este proyecto tan visionario en su concepción, pero hueco en su implantación. Ruego que esta dolorosa renuncia, lo conmueva a rescatar este valioso proyecto del olvido’, sentenció Del Valle Cruz.