Con el objetivo de seguir ejerciendo presión contra la Reforma Contributiva, la coalición de organizaciones civiles Todos Somos Pueblo, aprobó durante la noche del jueves en su asamblea general fortalecer el proceso de cabildeo con los legisladores y pautar actos de desobediencia civil.

Bajo el lema ‘Por camino de encuentro y solidaridad’, Todos Somos Pueblo se creó con el objetivo de brindar propuestas concretas para atender la realidad puertorriqueña dentro de un análisis político, social y económico.

Desde esa mirada, representantes de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Educamos, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), el Movimiento de Unión Soberanista (MUS), Universitarios por la Educación (UPE) y el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), entre otras, disertaron a lo largo de la reunión.

Con el planteamiento de que ‘la deuda no solamente es impagable, sino incobrable’, una de las mociones aprobadas derivó en reclamar a los bonistas una moratoria, auditoría y reestructuración de la deuda, ya sea parcial en algunas corporaciones, como total en el gobierno central.

También, aprobaron revisar los incentivos industriales, beneficios que se le dan a las compañías que en ocasiones, con la promesa de que van a aumentar la empleomanía. ‘Pasa el tiempo y nunca llegan a la cuota, pero que tampoco nadie los fiscaliza. Ahí hay muchos millones de dólares’, advirtió el portavoz y ambientalista comunitairo Juan Camacho.

Para aumentar los recaudos al fondo general, proponen aumentar del uno al cuatro por ciento el impuesto a las corporaciones que compran 50 millones de dólares o más en productos para vender en Puerto Rico, en concordancia con un proyecto presentado por María de Lourdes Santiago. De igual forma, proponen un aumento de manera permanente al impuesto a las compañías foráneas del cuatro al 10 por ciento.

A pesar de pronunciarse en contra del Impuesto sobre el Valor de Uso (IVU) por ser un impuesto ‘regresivo’, propusieron que, para aumentar al máximo la captación de dicho impuesto, se debe establecer un grupo especializado de inspectores y auditores para detectar y fiscalizar a los comerciantes, comenzando por los que más venden. ‘En lugar de ir a un kiosquito que vende 100 pesos, me voy a una compañía’, agregó Camacho, también maestro retirado.

Aparte de acercarse a la ciudadanía a partir de la distribución de un boletín en centros de trabajo, semáforos y escuelas, durante la Asamblea, también se empezó a discutir la posibilidad de convocar un paro nacional que agrupe a los diversos sectores que durante semanas se han manifestado en contra del IVA.

El coordinador general de Universitarios por la Educación (UPE), Ramón Hernández, hizo un llamado para que los diferentes sindicatos trascendieran sus luchas propias. ‘Debemos dejar de mirar esto como una lucha de fincas separadas y luchas individuales porque, al fin y al cabo, afecta a todos los ciudadanos de la Isla’, dijo.

El asunto se dejó sobre la mesa para permitir la participación de los diferentes gremios en la dilucidación del plan.