El Tribunal de Distrito Federal desestimó una parte pero aceptó otra de una demanda radicada por el municipio de San Sebastián por discrimen político contra el secretario del Trabajo, Vance Thomas, y el gobernador, Alejandro García Padilla, por el recorte de sobre $200,000 en fondos de programas para incentivar empleos que se otorgan bajo una ley del 1991.

El juez federal Francisco Besosa encontró que el municipio no tiene ‘standing’ o legitimación activa para reclamar daños bajo la doctrina federal de igual protección de las leyes y debido proceso porque no es una persona, pero no desestimó su reclamo de violación de derecho a la libertad de expresión de ese pueblo.

Besosa también permitió que el municipio continuara sus reclamos en el tribunal al aceptar que el municipio sufrió discriminación política en violación a su debido proceso de ley e igual protección de las leyes bajo la constitución del Estado Libre Asociado.

‘Debido a que los reclamos suplementarios del municipio están relacionados a su reclamo de violación de la Primera Enmienda (libertad de expresión) federal… el Tribunal ejercitará jurisdicción suplementaria sobre los reclamos del municipio bajo la ley de Puerto Rico’, dice la decisión.

En la demanda radicada el año pasado, el pueblo que dirige el alcalde Javier Jiménez Pérez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), pidió a Besosa que ordene al gobierno volver a pagar unos $300,000 a su municipio, y que emita una orden de interdicto para prohibir que la Administración García Padilla discrimine contra San Sebastián.

El alcalde alegó que en los 10 años previos a que García Padilla asumiera el poder en enero de 2013, se recibían $300,000 anuales bajo el programa destinado a ayudar a municipios con alto desempleo por medio de la Ley 52 de 1991, pero que en el primer año de la actual administración solamente recibieron $69,981.

San Sebastián tiene un desempleo de 17.9% y una población de 42,430 personas. El Alcalde alega que Rincón, municipio administrado por un alcalde PPD, recibió $176,998, más del doble que el municipio PNP, a pesar que tiene un desempleo más de 15.7% y menos población o 15,200 habitantes.

Según la demanda, el discrimen con estos fondos se repite en el resto de los municipios novoprogresistas de la Isla.

Una tabla incluida en la demanda destaca que municipios con alcaldes del PNP reciben entre $50,000 -como Bayamón y Ponce- y $80,000 por Ley 52, mientras que pueblos con administraciones del PPD reciben entre $160,000 a $199,000, incluyendo pueblos como San Lorenzo y Jayuya.