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El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el viernes que la Isla es un territorio de los Estados Unidos y, por lo tanto, ordenó la desestimación de cargos criminales por posesión ilegal de armas de fuego de dos hombres convictos a nivel federal.
La determinación se produjo en los casos de los convictos Luis M. Sánchez Valle y Jaime Gómez Vázquez, quienes alegaron en sus apelaciones al Supremo que estaban siendo acusados inconstitucionalmente en dos ocasiones por un mismo hecho bajo una misma soberanía.
La opinión mayoritaría del Tribunal Supremo, redactada por el juez asociado Rafael L. Martínez Torres, establece que, contrario a los estados de los Estados Unidos, que conservaron su soberanía al unirse o federarse a una nación, Puerto Rico es un territorio bajo los poderes del Congreso estadounidense, lo que impide compartir una soberanía dual.
Martínez Torres fue nombrado al Tribunal Supremo por el entonces gobernador por el Partido Nuevo Progresista Luis Fortuño Burset.
Por su parte, la juez asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, emitió un voto disidente en el cual imputó a sus colegas de tomar decisiones a base de sus ideologías político-partidistas.
Rodríguez Rodríguez fue nominada por la gobernadora por el Partido Popular Democrático Sila María Calderón.
La jueza le imputó a la mayoría estadista del Tribunal Supremo tener como norte sus aspiraciones anexionistas sin importarle las constituciones de Puerto Rico y los Estados Unidos, así como las leyes y el bienestar social de la Isla.
‘Que lastima!’, expresó en su opinión disidente, en la cual denunció la posibilidad de una avalancha de criminales que pudieran quedar en libertad por la decisión del Tribunal Supremo.
Específicamente se refirió al caso del exsecretario de Educación Víctor Fajardo, convicto en ambas jurisdicciones, y al contable Lutgardo Acevedo, quien encara cargos criminales en el Tribunal Federal y Estatal relacionados al soborno de un juez.
Agregó que a los jueces estadistas del Tribunal Supremo poco le importa la administración de justicia y rechazan de esta manera los acuerdos de colaboración para combatir el crimen en la Isla que sus correligionarios acordaron con el gobierno estadounidense para garantizar la seguridad.
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