A más de diez años del escándalo de corrupción que rodeó al Departamento de Educación, la recuperación ha sido lenta: pocas escuelas han salido del plan de mejoramiento, con la conversación enfocada en las ineficiencias administrativas, más que en la calidad de los servicios. Esto está comenzando a cambiar.

El director de manejo de riesgos federal,PhilipMaestri, aseguró a NotiCel que el DE finalmente ha comenzado a hablar de lo que le compete: los programas educativos dirigidos a los niños y niñas de Puerto Rico, debido a los cambios implantados desde ese entonces.

La agencia ha salido del paleolítico con la implantación de sistemas administrativos más eficientes, que permiten queel DE pueda rastrear en qué es utilizado el dinero, así como monitorearlos resultados de los estudiantes y el magisterio; sobretodo, que pueda contestar preguntas que no se podían contestar antes acerca del uso de fondos federales versuslos fondos locales.

‘Cuando Víctor Fajardo fue secretario, los sistemas no estaban en su lugar como para evitar que hiciera lo que hizo. Lo hizo porque era fácil. En algunos casos, si no hubiera sido tan fácil, no habría hecho esas cosas’, reconocióMaestri.

En 2002, Puerto Rico fue declarado ‘beneficiario de alto riesgo’ y el 50% de los fondos federales fueron congelados. En auditorías anuales, se encontraron 937 señalamientos durante el período de 1994 a 2003, por costos que ascendían a $151 millones.

Mediante los trabajos de la Cooperative Audit Resolution and Oversight Initiative (CAROI), se firmó el acuerdo de cumplimiento y se eliminó la designación de ‘alto riesgo’ en 2004. Sin embargo, las escuelas en Puerto Rico siempre mantuvieron la supervisión estricta del equipo federal hasta 2011, en que se eliminó la sindicatura.

Luego de las mejoras en los sistemas de finanzas, de nóminas, sistemas de personal y de datos del estudiantado, ‘las conversaciones realmente pueden centrarse en mirar con más cuidado lo que se hace con el dinero, en vez de lo que se supone deba hacerse con el dinero’, celebró Maestri.

Pese a los avances, la auditoría del año fiscal 2013 reveló que aún faltan ajustes administrativos. En ese año, se hicieron pagos a contratistas o empleados que no ejercían funciones directamente relacionadas con los programas federales para los que se les estaba pagando. Los pagos totalizaron$21,808, en comparación con los $8,655,897 que se cuestionaron en la auditoría del año fiscal 2003.

En cuanto a los controles internos, se señaló que el Departamento de Recursos Humanos no está notificando al grupo de apoyo del Sistema de Información Financiera (‘SIFDE’) sobre las terminaciones de personal, lo que ha provocado que los pagos de nómina y del contratista se deseembolsen a personas que ya no están trabajando con el DE.

Estas son las discusiones sobre el uso eficiente del dinero a las que se refirió Maestri, que una vez sean atendidas, el DE puede invertir todos sus esfuerzos en el mejoramiento de los programas educativos.

El DE se encuentra en su segundo año del Plan de Flexibilidad, como parte de los acuerdos con el Gobierno federal para cumplir con las expectativas de 100% de competencia académica en todas las escuelas públicas.

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