El Archivo General de Puerto Rico, depositario oficial de todo documento público o privado en poder del gobierno y responsable de su custodia, conservación y difusión, celebró el pasado jueves 19 de marzo el Primer Simposio sobre Acceso a la Información Pública y Documentos Confidenciales, en el marco de su 60 aniversario.

Efrén Rivera Ramos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, enfatizó en su ponencia que el acceso a la información es indispensable para que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de los gobernantes y tomar decisiones informadas.

El concepto del acceso a la información incide sobre otros derechos ciudadanos, como lo son la salud, el trabajo y otros, lo que obliga a los gobiernos a ser transparentes en sus trámites y a hacer disponible información y documentos sin que las personas tengan que solicitarlos.

Este concepto, agregó quien también es miembro de la junta de directores del Centro de Periodismo Investigativo, lejos de ser una dádiva o concesión gubernamental, es un derecho del pueblo. Contrario a la jurisdicción estadounidense, en Puerto Rico el acceso a la información se eleva a rango constitucional como consecuencia de una decisión del Tribunal Supremo.

La decisión judicial tuvo su origen en el caso de los asesinatos policiacos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla de Villalba el 25 de julio de 1978. La decisión, Soto vs. Secretario de Justicia (1982) ha sido reiterada por el Supremo en más de una docena de casos que protegen la libertad de expresión, reuniones pacíficas de ciudadanos y la libertad de prensa.

En términos prácticos, Rivera Ramos explicó que ningún ciudadano tiene que demostrar para qué quiere el documento público que solicita al estado o cuál es su interés en el mismo, sino que es el funcionario público quien tiene que probar la necesidad del Gobierno de mantenerlo en secreto.

Aseguró que este derecho también es aplicable a las comunicaciones electrónicas de los gobernantes y funcionarios.

Aunque existen varias excepciones a la norma, estas deben ser evaluadas caso a caso y siempre deben interpretarse de la forma más favorable al acceso a la información, dijo.

Rivera Ramos atribuyó los obstáculos que enfrenta este principio democrático a lo que llamó la ‘cultura de la opacidad’ de los funcionarios que rehúsan reconocer el derecho, la ausencia de una ley de libre acceso a la información que fije términos para la entrega de la misma y sanciones contra quienes la niegan caprichosamente, así como la existencia de sobre 130 leyes decretando la confidencialidad de ciertos documentos.

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