La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, aseguró hoy jueves que los recortes presupuestarios propuestos tendrían un efecto negativo en su operación y amenazan programas como la Corte de Drogas que economizan dinero al Estado y disminuyen la criminalidad.

‘En vista de esa realidad, he hecho todo lo posible para que los recortes presupuestarios no afecten estos programas. Tengo que advertir, sin embargo, que en la medida en que nuestros ingresos sigan en declive cada día será más difícil conservarlos o ampliarlos para que otras personas puedan disfrutar de este tipo de proyectos’, declaró la Magistrada durante una vista de archivo y sobreseimiento de los casos de ocho participantes rehabilitados de la Corte de Drogas de Guayama.

‘Durante los pasados años fiscales 2012-2013 y 2013-2014, el 53.65% de los participantes de las Cortes de Drogas en nuestro país completaron exitosamente el programa y tras ser rehabilitados, sus medidas de seguridad fueron eventualmente suspendidas. Más aun, la reincidencia delictiva de los graduados de este programa es mucho menor que los resultados obtenidos en otros modelos de rehabilitación. Solamente un 10% de los graduados de las Cortes de Drogas recaen, mientras que en los programas que opera el Departamento de Corrección y Rehabilitación se ha observado un 65% de reincidencia. Estamos hablando de una diferencia de más de 50%. Por ende, podemos afirmar que las Cortes de Drogas disminuyen el crimen,’ reveló Fiol Matta.

‘Esto lo confirma la Asociación Nacional de Profesionales de Cortes de Drogas, que ha destacado que los programas de Drug Court le economizan dinero al Estado. Según esta Asociación, por cada $1 invertido en una corte de drogas, los contribuyentes se ahorran $3.36 en costos relacionados al sistema de procesamiento criminal. Un dólar ahorra tres! Cuando se consideran otros gastos, como las pérdidas sufridas por las víctimas y el uso de servicios de salud, el beneficio es de aproximadamente $27 por cada dólar invertido en las cortes de drogas. Si a esto le añadimos el gasto del encarcelamiento, los ahorros producidos por estos programas oscilan entre $3,000 a $13,000 por cada participante’, agregó.

Por otro lado, el director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), Lcdo. Charles Hey Maestre, expresó que los anticipados recortes presupuestarios en la asignación de fondos que recibe del Gobierno de Puerto Rico impactarán adversamente en la prestación de asistencia legal a los sectores más pobres del país.

Según Hey Maestre, ‘un recorte de $1.5 millones en la aportación gubernamental provocará que nos veamos en la difícil situación de tener que denegar el servicio a los pobres de este país por la falta de recursos para atender sus casos en asuntos meritorios y de importancia fundamental, como lo son casos de custodia, violencia doméstica, desahucios, cobros de dinero, ejecuciones de hipoteca, quiebras, hogar seguro y reclamos de educación especial, entre muchos otros’.

Por los pasados cuatro años SLPR ha sufrido recortes significativos en su presupuesto por la reducción en los fondos provenientes del Legal Services Corporation (LSC), fuente principal de subvención para el Programa. Esto ha significado, aproximadamente, una reducción en su presupuesto de $8 millones, o sea un 40% de disminución presupuestaria. Para concretizarlo, en el año 2011 la asignación del LSC representaba un 83% del presupuesto, para el 2015 representa un 61.9%. En el 2016 esta reducción podría ser aún mayor si el Congreso realiza nuevos recortes al presupuesto de LSC, según proyectado.

Estos recortes se sumarían a otros fondos que perderá la Institución como resultado de los que sufrirá la Rama Judicial, que su vez provocarán la eventual suspensión programas, como podría ser el que atiende remociones de custodia de menores, representando así un duro golpe al acceso a la justicia para las familias pobres de Puerto Rico.

‘Entendemos la difícil situación por la que atraviesa Puerto Rico en estos momentos y el reto que esto representa para los poderes que dirigen el País, pero es importante que al tomar esas decisiones tengan en cuenta que no podemos seguir privando de servicios a los que ya se encuentran en desventaja. Recientemente la ONU emitió un informe destacando la importancia que tiene el fortalecer el acceso a la justicia como parte de los planes de desarrollo de todas las naciones. Nosotros en Puerto Rico no podemos poner en riesgo los derechos que nos cobijan a todos y todas, los que muchas veces ya le son coartados a los grupos tradicionalmente marginados por nuestra sociedad. Son esos derechos los que son defendidos por las organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales como Servicios Legales,’ concluyó el licenciado Hey.

SLPR es una entidad sin fines de lucro, subvencionada principalmente con fondos provenientes de la Legal Services Corporation (LSC), entidad creada por el Congreso de los Estados Unidos y que subvenciona 134 programas de servicios legales civiles a personas y comunidades pobres en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios.