A raíz de una carta suscrita por el secretario asociado de Educación Especial, Lcdo. Carlos Rodríguez Beltrán, en la que informó la intención del Departamento de Educación (DE) de proveer los servicios de terapia psicológica y de habla-lenguaje a traves de nuevos proveedores, el Comite Timón de Madres y Padres de Educación Especial, organizaciones afines y la representación legal de la parte demandante en el pleito de clase Rosa Lydia Velez, orientó sobre los derechos que acogen a 2,400 estudiantes ante la acción a destiempo de la agencia.

La carta enviada el 28 de abril advierte sobre la posibilidad de que los estudiantes pierdan esas terapias por remedio provisional si rechazan la alternativa que les ofrecerá el DE. Además, requiere que las madres, padres y encargados se comuniquen con la agencia a partir del 30 de mayo de 2015 para conocer a quién se referirá a sus hijos e hijas para recibir las terapias.

‘La carta induce a error a las madres, padres y encargados de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial que reciben las terapias psicológicas y de habla-lenguaje a través del remedio provisional. En primer lugar, la carta no establece el nombre del proveedor que prestará los servicios a partir del año escolar 2015-16. En segundo lugar, expresa que la persona que rechace el ofrecimiento del servicio del Departamento de Educación perderá los servicios a través del remedio provisional y tendrá que sufragar los costos correspondientes por terapia; y en tercer lugar, no informa a los padres sobre la alternativa de presentar querellas en el foro administrativo de no estar de acuerdo con los servicios que ofrezca la agencia. La carta contiene errores en los nombre de madres, padres y encargados, y no cumple con el término de notificación adecuada que requiere el debido proceso de ley’, expresó la portavoz del Comité Timón, Carmen Warren.

El Comité recordó que los padres y madres tienen derecho a celebrar una reunión del Comité de Programación y Ubicación (COMPU) al menos cinco días antes de que termine el actual año escolar, y que sea el COMPU quien determine si el estudiante debe recibir las terapias. De ser así, le corresponde hacer los referidos de rigor según las leyes y reglamentos aplicables.

De no existir el proveedor, el padre o la madre tiene derecho a mantener los servicios de terapias a través del remedio provisional. Asimismo, tiene derecho a recibir del Departamento una notificación por escrito, informando quién será el proveedor para el próximo año escolar. Si no está de acuerdo con el ofrecimiento que realice el DE, tiene derecho a consultar con un abogado o abogada y presentar una querella ante la Unidad de Querellas del Programa de Educación Especial.

Warren añadió que, ‘Gran parte de nuestros niños y niñas de educación especial han estado asistiendo a su terapista psicólogo o terapista del habla-lenguaje por años y de repente pretenden ser privados de ese servicio, ofrecido por personas ya conocidas, que además saben sus progresos y avances, así como de su deficiencias por mejorar’. Por ello, invitó al Secretario de Educación Especial a reflexionar sobre los efectos negativos que tiene su carta y a reunirse con la clase y sus representantes legales lo antes posible para buscar alternativas.

Por último, Warren recordó que, ‘el remedio provisional es una de las mayores conquistas del caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, por lo cual exhorto e invito a los padres, madres y encargados a defenderlo vehementemente, orientándose con sus representantes legales o llamando a Servicios Legales de Puerto Rico al 1-800-981-5342’.