Los portavoces de la Coalición Multisectorial enviaron otra carta al gobernador Alejandro García Padilla en la que le solicitan acciones concretas y la divulgación de información importante ‘en el ánimo de encontrar soluciones a la crisis fiscal del país de manera sosegada y transparente’.

‘Consideramos que hacer pública esta información aportará a una mayor transparencia sobre la realidad fiscal del país y las posibilidades de lograr economías acordes con la política pública y los intereses del colectivo social. Además, permitiría la discusión multipartidista y multisectorial sobre unas bases de información conocida por todas las partes, aportando al diálogo democrático’, expresaron los miembros de la Coalición en la carta abierta.

Solicitaron que se convoque al diálogo, a través de un facilitador de diálogo avalado por todas las partes y con la visibilidad de grupo multisectorial y que cada proyecto de ley de impacto contributivo se le presente al pueblo por escrito y acompañado con el modelo de impacto económico correspondiente. Indicaron que el gobierno debe hacer pública para los legisladores y para la prensa, información importante para aclarar vertientes de gastos, analizar opciones y tomar decisiones en bien del interés público.

‘Confiamos en que, por su compromiso con el futuro del país y la vida democrática en Puerto Rico, cumplirán haciendo pública esta información y toda otra que ayude a la concertación social, para superar democráticamente la crisis fiscal y establecer las bases de un desarrollo socioeconómico sostenible, mayor justicia social y mejor calidad de vida para todos’, sostuvieron.

Mencionaron una certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) con todas las partidas de gastos del gobierno de los últimos cinco años fiscales, incluyendo el corriente, particularizando los pagos por servicios administrativos, servicios profesionales y rentas

También solicitaron un informe detallado de la deuda pública del gobierno, las corporaciones públicas y los municipios, la estructura de sus vencimientos y sus fuentes de repago, certificado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Asimismo, requirieron la lista por año y por sectores, de todos los decretos y exenciones del gobierno estatal y municipal, así como fondos WIA, acompañados con datos sobre el nivel de logro o cumplimiento con los compromisos que justificaron los decretos de creación de empleos e inversiones.

De otra parte, los activistas reclamaron la lista de las empresas e individuos acogidos a las Leyes 20 y 22, acompañados con datos sobre su cumplimiento con los decretos y compromisos bajo esas Leyes; así como la lista de las empresas sin fines de lucro y con fines de lucro a las que el gobierno estatal y/o municipal hace aportaciones, acompañados de datos sobre cumplimiento de compromisos y beneficios al país que se produjeron con los donativos o cualquier aportación en fondos públicos, incluyendo exenciones de patentes, impuestos sobre propiedad mueble e inmueble, arbitrios o cualquier otra forma de aporte gubernamental.

Finalmente, exigieron la estructura de pagos de la Administración de Servicios de Salud (ASES) por servicios administrativos y profesionales, particularizando los pagos hechos durante los últimos 10 años a las aseguradoras que administran los planes de ‘reforma de salud’, lo que constituye ganancia de las aseguradoras y lo que éstas pagaron a su vez a proveedores de servicios directos a los ciudadanos, por categorías de servicios y per cápita según la cantidad de asegurados bajo cada plan y sistema.

De otra parte, la Coalición Multisectorial nuevamente pidió que se haga un alto a los ataques divisorios y personalistas y que cese cualquier acción de condena o persecución contra los seis legisladores que votaron en contra de la legislación de transformación del sistema contributivo como fuera presentada ante la Cámara recientemente.

La misiva fue suscrita por portavoces de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico; la Cámara de Comercio de Puerto Rico; la Cámara de Mercadeo y Distribución de Alimentos; el monseñor Roberto González Nieves, el Colegio de Abogados; el Arzobispo de San Juan; el monseñor Rubén González Medina, Obispo de la Diócesis de Caguas; el Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América; la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y la Unión General de Trabajadores.