Aunque funcionarios del gobierno aseguran que no habrá despidos, unos 4,069 empleados públicos y de confianza se verán afectados con la consolidación de 20 agencias.

La consolidación ocurre como parte de los recortes de unos $674 millones dentro presupuesto de $9,800 millones que entraría en vigor en julio, mes en que el gobierno tendrá pagar unos $630 millones en servicio de deuda.

‘El gobierno tiene que tratar de fortalecer servicios a la ciudadanía a la vez tiene que reducir la duplicidad, ineficiencia y burocracia en las áreas administrativas’, dijo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz, durante una mesa redonda con reporteros en La Fortaleza.

Cruz y el Secretario de la Gobernación Víctor Suarez confirmaron comentarios que ya había hecho el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara José Varela, de que para el próximo año fiscal se prevén más consolidaciones de agencias.

Según los funcionarios, desde que el Partido Popular Democrático asumió el poder se ha reducido en 16,000 el número de empleados públicos por ‘atrittion’ o sea por retiro o porque las personas han renunciado.

Suárez dijo que los empleados pasarían a las nuevas agencias para propósitos de consolidar las áreas administrativas. A pesar de que aseguró que no habrá despidos, no explicó claramente cómo se espera ahorrar sin hacer eso que no sea haciendo recortes en otras áreas como contratos.

‘Eso evita gastos adicionales en contratación de personal para servicios que tienen que dar…Los ahorros no se darán de manera inmediata. Lo que estamos evitando es que el gobierno siga creciendo’, Suarez dijo.

En torno a los empleados de confianza, dijo que estos podrían ser reasignados a nuevas funciones, pero que los líderes o jefes de agencias se podrían quedar bajo las nuevas agencias.

Como parte de la consolidación se prevé que la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación y la Comisión Industrial se fusionen con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Las cuatro entidades tienen 329 empleados.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, que tiene 1,144 empleados, se uniría al Departamento de Salud.

La Administración de Recursos Naturales, que tiene 995 empleados, pasaría al Departamento de Recursos Naturales. La Administración del Deporte Hípico, que tiene 92 empleados, pasaría a la Compañía de Turismo.

La Comisión para la Seguridad en el Transito, que tiene unos 44 empleados, pasaría a formar parte de la ACAA.

El Cuerpo de Emergencias Médicas, que tiene una plantilla de 809 empleados, pasaría a formar parte del Cuerpo de Bomberos. La Comisión de Servicio Público, que tiene 141 empleados, pasaría al Departamento de Asuntos al Consumidor.

El Consejo de Educación Superior, que tiene 40 empleados, se fusionaría con el Departamento de Estado. La Junta de Libertad Bajo Palabra, con 52 empleados, pasaría al Departamento de Corrección.

Las funciones de OCALARH, la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos, que tiene 93 empleados pasarían a la Administración de Recursos Humanos, a la Universidad de Puerto Rico y al Departamento del Trabajo.

Mientras tanto, las Oficina del Procurador del Paciente, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, la Oficina de la Procuradora de Mujeres, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, la Oficina del Procurador del Veterano y la Comisión de Derechos Civiles, que en conjunto tienen unos 329 empleados, se fusionarían bajo la Defensoría de Derechos Humanos. Esa medida de fusión ya fue enviada a la Legislatura en donde ya recibió el rechazo de al menos un legislador, la Senadora Rossana López.

Como parte de una futura fusión de agencias, Cruz dijo que se pasarán algunas funciones a los municipios y que en conjunto con la Universidad de Puerto Rico se están preparando unos indicadores de eficiencia para el gobierno.