Para atender el problema fiscal del Gobierno, el Ejecutivo ha presentado, una vez más, un plan para consolidar 20 agencias en el que se ataca nuevamente a las Procuradurías; la Comisión Apelativa del Servicio Público; la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación; la Comisión para la Seguridad en el Tránsito; la Junta de Relaciones del Trabajo; la Comisión Industrial; y el Consejo de Educación.

Esta no es la primera vez que bajo la presente administración se habla de consolidar o eliminar agencias.

Durante una mesa redonda con periodistas, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, junto con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, expusieron que a largo plazo se proyecta que todos estos cambios redunden en un ahorro de $8.2 millones.

Sin embargo, Suárez admitió que con las consolidaciones ‘más que ahorrar en este presupuesto, estamos evitando que haya crecimiento en el gasto del Gobierno para futuros presupuestos’.

Una de las propuestas del Ejecutivo es crear la Defensoría de Derechos Humanos que estará compuesta por la Oficina del Procurador del Paciente, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento, la Oficina del Procurador del Veterano y la Comisión de Derechos Civiles.

Este sería el segundo intento durante esta administración para consolidar a las Procuradurías. En el 2014, se presentó un plan que pretendía consolidar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con el Departamento de la Familia, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos con la Oficina de la Procurador de las Personas de Edad Avanzada, la Oficina del Procurador del Paciente con el Departamento de Salud, y la Oficina del Procurador del Veterano con la Guardia Nacional. Dicha medida no paso el cedazo de la Legislatura.

De otro lado, contrario al proyecto presentado el año pasado que consolidaba la Comisión Apelativa del Servicio Público con la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), la nueva propuesta la coloca bajo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Sobre este cambio de agencia receptora, Suárez expresó ‘que luego de estudios que se han hecho de reorganización gubernamental, hemos encontrado que hace más sentido el movimiento que estamos haciendo que el que se propuso originalmente, que fue debatido en vistas públicas y recogiendo también preocupaciones que se presentaron durante ese proceso’.

Cabe destacar que aparte de la Comisión Apelativa del Servicio Público, estarán bajo el DTRH la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación; la Oficina de Medicación y Conciliación de la OCALARH, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión Industrial.

De hecho, en el marco de la confección del presupuesto actual se había hablado de consolidar Junta de Relaciones del Trabajo con OCALARH y la Comisión Industrial con la Corporación del Fondo de Seguro del Estado. A su vez, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación se intentó unir a OCALARH.

Mientras tanto, ahora para el nuevo presupuesto se propone que la división de Adiestramientos de OCALARH se le asigne a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Además, la Administración de Recursos Humanos de OCALARH va para OGP.

Por su parte, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) se va a consolidar con el Departamento de Salud, y se creara la Secretaría Auxiliar de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Del mismo modo, la Administración de Recursos Naturales está bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Administración de la Industria del Deporte Hípico irá a la Compañía de Turismo y la Comisión de Seguridad en el Transito va para la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

De otro lado, se unirá el Cuerpo de Emergencias Médicas al Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Servicio Público con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO, el Consejo de Educación con el Departamento de Estado y la Junta de Libertad Bajo Palabra con el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Hay que recordar, que en el 2014 se trató infructuosamente de consolidar el Consejo de Educación con el Departamento de Educación.

Finalmente, para el nuevo presupuesto se propone consolidar el 9-1-1 con la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD).