El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, catalogó como algo ‘crítico’ para el flujo de efectivo del Gobierno que en las primeras semanas de este mes se concrete la transferencia de $100 millones provenientes de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) al Fondo General.

Durante su comparecencia a una vista pública de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, afirmó que estos fondos son necesarios hasta para asegurar el pago de la nómina de los empleados.

Por su parte, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, indicó que es necesario que la Legislatura apruebe la medida que materializaría dicha transferencia para reducir el déficit de recaudos proyectado al 30 de junio de 2015 de unos $651 millones.

De acuerdo a la funcionaria, la idea es reducir el déficit a $191 millones con esta transferencia de fondos de la CFSE, las amnistías en el pago de ciertas contribuciones, el otorgamiento de varios ‘closing agreements’ (acuerdos de cierre) entre el Departamento de Hacienda y ciertos contribuyentes, y el recorte de $125 millones en reservas presupuestarias.

La movida del Ejecutivo ya ha levantado la oposición de los líderes sindicales de la Corporación, quienes le han solicitado al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, que celebren una vista ocular.

En ese sentido, la presidenta de la Federación de Empleados Gerenciales de la CFSE, Awilda Marrero, manifestó en un parte de prensa que ‘nosotros queremos que el Senado venga a nuestras facilidades. Aquí se está legislando a ciegas, los legisladores están jugando a la ruleta rusa, no tiene sentido muchas de las cosas que se aprueban en la Legislatura, muy en especial en el Senado de Puerto Rico. Se supone que tengamos dos cámaras bajo el pretexto de que una corrige lo que la otra hace mal. Estamos frente a un momento histórico donde el Senado se ha convertido en sello de goma para todo lo que aprueba la Cámara y eso no debería ocurrir a la altura de estos tiempos. El Proyecto de la Cámara 2421 que le roba prácticamente $100 millones a nuestra corporación pública, podría ser el detonante para que la mayoría de los patronos pierdan la fe en nuestra excelente labor que prestamos desde hace 80 años. Con la acción de la legislatura se están levantando serias dudas de la capacidad que tienen los Legisladores de Puerto Rico para aplicar su propio criterio’.

En cambio, tras su participación en la vista de la Comisión, Bhatia, aseveró que habían los votos para aprobar en los próximos días la transferencia de fondos de la Corporación.

En otros aspectos, Acosta Febo reveló que aparte de la transferencia de fondos de ciertas corporaciones, se evalúan los reglamentos y leyes orgánicas de estas entidades para ver si les permiten tomar una emisión de Notas en Anticipación de Ingresos (TRANs, por sus siglas en inglés), ante el hecho de que esta salida se ha vuelto poco accesible para el Gobierno Central. Luego el Gobierno les pagaría el dinero en abril, mayo y junio a un interés de 8% o menos.

Además, dijo que están en conversaciones con la banca privada para ver si pueden proveer un TRANs por debajo de los $900 millones. Algunas de estas entidades han puesto como condición que se haga la emisión de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para poder realizar la transacción.

Precisamente, ante el hecho de que el Gobierno Central ha tenido dificultades con el flujo de efectivo y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no puede proveer financiamiento, Zaragoza Gómez, planteó que tuvo que hacer ‘malabares’ para cumplir con las obligaciones del mes de mayo por el pago de la nómina de los empleados y de los TRANs. Es por esto que los reintegros de los contribuyentes se están pagando de manera ‘conservadora’, y su expectativa es emitir todos los desembolsos a más tardar para septiembre, lo que implicaría el pago de intereses.

De otro lado, el funcionario explicó que los estimados de recaudo para el próximo año fiscal llegan a $9,800 millones, basándose en ingresos recurrentes, el aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a 11.5% y el impuesto al ‘transfer pricing’.

Destacó que estos ajustes son pieza clave porque ‘para poder volver al mercado tenemos que ir construyendo una historia con estimados de ingresos creíbles… para volver a tener credibilidad’.

Finalmente, Acosta Febo, apuntó que la medida radicada recientemente para enmendar la Ley de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) tiene como fin que del incremento del IVU se destine 4.5% al Fondo General. Resaltó que la enmienda es una ‘técnica’ que lo que busca evitar es que el 10% del IVU Estatal se tenga que depositar primero en COFINA para luego remitir al Fondo General. De aprobarse la medida, se estarían ingresando mensualmente unos $90 millones al Fondo General.