Tras tres meses desde la aprobación del segundo aumento al impuesto al petróleo crudo y sus derivados, mejor conocido como la crudita, el Gobierno no ha podido concretar la emisión de bonos a traves de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y ya evalúan planes alternos para mejorar la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Este segundo aumento al impuesto fue aprobado en marzo para repagar dicha emisión, y actualmente ha recaudado unos $14 millones en vez de los $21 millones que fueron proyectados debido a que la medida no incluyó un impuesto a los abastos existentes.

Según la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, los recaudos del primer incremento del impuesto se usaron para bajar a unos $1,900 millones la deuda que tenía la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con la institución.

‘El problema fue que en mayo de 2014 hubo un vencimiento de unas notas que tenía Carreteras con un banco de Puerto Rico, y el banco no quiso hacer un ‘roll over’ de las notas. A pesar de que tratamos, y negociamos fuerte, el banco no hizo el ‘roll over’ y si no se recuperaba esa nota Puerto Rico iba a ‘default’ (impago) en eso. El BGF tuvo que comprar la nota de nuevo y esa baja que había pasado (en la deuda de la ACT) volvió otra vez y se trepó al número actual que es $2,100 millones’, explicó.

Mientras, los recaudos del segundo incremento del impuesto que entró en vigor el pasado 15 de marzo, están llegando al BGF, que a su vez pasa parte de estos ingresos a la ACT ya que no se concreta la emisión de AFI.

De otro lado, la funcionaria explicó en una vista pública de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, que ante la demora de la aprobación del segundo aumento del impuesto y la dilación en la aprobación del incremento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a 11.5% , el Gobierno enfrenta mayores retos financieros que los que tenía a finales de 2014. Entre estos destacó el déficit del actual año fiscal, el desfase entre los ingresos y los gastos para el próximo año fiscal que comienza en julio, así como la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las recientes degradaciones de crédito de las casas acreditadoras.

Ante el panorama, las entidades interesadas en prestarle dinero al Gobierno se redujeron solo a los fondos ‘buitre’. Mientras el Gobierno negocia una garantía con las aseguradoras de bonos, estas han dicho que pueden asegurar alrededor de $600 millones si en el proceso de reestructuración de la AEE no les reducen el pago del principal de su deuda y se incrementa la tarifa de electricidad de inmediato.

‘Si no hubiera un ‘wrap’ de las aseguradoras de los bonos de AFI, la tasa bajo la cual se podrían emitir estos bonos pudiese ser una extremadamente alta’, puntualizó Acosta Febo.

Asimismo, los ‘hedge funds’ han pedido un plan de ajuste fiscal a cinco años, y que de haber un incumplimiento de los pagos puedan acelerar el vencimiento de los préstamos. Del mismo modo, solicitaron que se les dé prioridad en los pagos a los bonos senior, lo que Acosta Febo anticipa pondría en riesgo al BGF.

‘Varias de las condiciones que ambos grupos de posibles compradores han presentado como necesarias para que estos participen de una emisión de deuda no son aceptables para el Gobierno, y pueden ser consideradas como que no protegen los mejores intereses del ELA. Es claro que la situación fiscal del ELA nos dificulta obtener mejores términos. De mantenerse estas exigencias por parte del mercado actual, son poco probables las posibilidades de llevar a cabo una transacción de AFI según contemplada originalmente’, aceptó la Presidenta.

Al momento, Acosta Febo, no adelantó cuáles son las medidas alternas que se estudian para atender el problema del BGF.